'Sexo puro y duro. Las mejores chicas de Madrid juntas para hacerte gozar'. 'Disfrútame. Soy la chica más morbosa que puedas imaginar'. Estos dos anuncios se podían leer ayer en un diario de ámbito nacional, en la llamada sección de relax. Todos los anuncios tienen el mismo tono: tanto los textos como las fotos, que muestran a unas chicas sugerentes, insinúan que por parte de las mujeres hay un total consentimiento. Eso se traduce, según varias ONG y asociaciones feministas, en que los clientes se quedan con esa falsa imagen y no son conscientes de que detrás de la mayoría de las prostitutas hay una mafia que las explota.

Hace ya tres años que una comisión parlamentaria calculó en 40 millones de euros anuales el dinero que ganaban en total los periódicos españoles con este tipo de anuncios. Un anuncio medio cuesta unos 100 euros. El Plan Integral contra la Trata, que persigue la explotación sexual y entró en vigor el 1 de enero de 2009, instó a los diarios a que se autorregulasen y quitasen ellos mismos los anuncios. Pero esa idea no ha funcionado.

'Estamos en un punto de no retorno', advierte la ministra

El debate volvió ayer de nuevo al Congreso de los Diputados. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, elevó el tono y aseguró que el Gobierno ha pedido al Consejo de Estado que elabore un informe sobre las opciones legales que existen para eliminar los anuncios de contacto de los medios de comunicación.

La ministra habló de que su intención es terminar con 'la complicidad [de los medios de comunicación] con esas prácticas deleznables' y que la situación está en un punto de 'no retorno'. Ya en septiembre de 2009, la titular de Igualdad había señalado que esta publicidad le parecía 'una vergüenza'.

Aído, con su propuesta de tomar medidas legales, contestaba a una pregunta del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, que a su vez propuso ayer que los medios que llevan anuncios de prostitución no tengan publicidad institucional 'para que no se lucren de dos ámbitos a la vez'.

Las opciones son prohibir y multar o quitar la publicidad institucional

El letrado del Consejo de Estado Miguel Herrero de Miñón será el encargado de elaborar el informe, que Igualdad espera tener en unas tres semanas. A partir de ahí, el Gobierno tendrá que decidir entre dos líneas principales: sanciones a los medios que insistan en lucrarse con las mafias de trata o, como apunta el diputado Salvador, no subvencionarles con publicidad estatal.

Cualquiera de estas opciones chocaría con el plan de ayuda a los medios por la crisis que está consensuando la Vicepresidencia del Gobierno con los mayores empresarios del ramo.

La determinación mostrada ayer por el Ministerio de Igualdad recibió el apoyo de las asociaciones de mujeres, que no obstante exigieron también que tenga un resultado real. Ya son muchas las veces que las activistas han visto cómo el debate se abría y luego se diluía con el paso de los meses.

Las asociaciones exigen que las medidas sean ahora de verdad efectivas

Cuando en enero de 2009 entró en vigor el Plan Integral contra la Trata, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguraron que el Gobierno estaba trabajando para eliminar los anuncios de prostitución. Pero nunca se produjo una reunión específica con los directores de los diarios sobre este asunto, aunque en distintos encuentros con el Gobierno los empresarios advirtieron de que, en plena crisis económica, no iban a renunciar a este tipo de ingresos.

Los empresarios de los diarios tampoco han hecho caso a las peticiones de las ONG y asociaciones que trabajan por los derechos de las prostitutas. Distintas asociaciones feministas recogieron hace dos años unas 2.000 firmas contra los anuncios de contactos y enviaron el listado a los directores de los diarios. Pero nadie les contestó, según ha explicado en varias ocasiones Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas.

Es ahora, al no ver los resultados, cuando Igualdad ha decidido dar otro paso más allá de la autorregulación, algo que venían exigiendo desde hace tiempo las asociaciones de mujeres. 'Hay que pasar a otro nivel de actuación. Esta publicidad es discriminatoria y vejatoria para la mujer, y también exigimos que se retiren los anuncios de Internet', señala Altamira Gonzalo, miembro de la asociación de mujeres juristas Themis.

En la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp) critican también la imagen que se da en algunos programas de televisión de que la prostitución tiene cierto glamour. 'El paso que ha dado el Ministerio de Igualdad es muy fuerte y supone un reconocimiento a algo que hace años que veníamos solicitando. Ahora, habrá que ver si se logra', afirma Rocío Nieto, presidenta de Apramp.

En esta organización hicieron hace dos años un estudio sobre los clientes y verificaron que la mayoría no tiene conciencia de que las mujeres están explotadas por mafias. 'Son muy pocos los que tienen sensibilidad, y eso que muchas de ellas les cuentan sus historias', señala Nieto.

Algo en lo que inciden una y otra vez las activistas, como Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres: 'En este asunto no hay ningún tipo de fisuras, todas opinamos lo mismo. Detrás de los anuncios está el aliento de las mafias'. Soleto valoró la petición al Consejo de Estado, pero presumió que la puesta en marcha de medidas legales 'será complicada'.

Ángeles Álvarez, activista y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, aplaudió la medida, si bien recalcó: 'No teníamos que haber llegado a esto, a tener que pedir un informe al Consejo de Estado. Si los medios de comunicación tuviesen dos dedos de frente y un poco de conciencia social, hubiesen tomado la medida ellos mismos, sin necesidad de coacciones'.