El Tribunal Supremo colocó ayer al borde del banquillo y del precipicio político al presidente valenciano, Francisco Camps, al ordenar la reapertura del caso de los trajes, en el que se le imputó por presunto soborno tras haber recibido regalos de la red Gürtel. Con esta decisión, adoptada de manera unánime por la Sala de lo Penal, el Supremo dinamita la pirueta jurídica con que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) trató de salvar a Camps al archivar las diligencias el 1 de agosto de 2009. El TSJCV cerró el caso gracias al voto de su presidente, Juan Luis de la Rúa, ahora desautorizado y a quien Camps había definido como más que amigo.

La reapertura, forzada por el Supremo tras sendos recursos de la Fiscalía y el PSOE, tiene un efecto inmediato: que recuperan su condición de imputados Camps y los otros tres implicados (su ex número dos Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete Rafael Betoret). El PP lo niega, pero la recuperan dado que el caso se reabre en el punto anterior al cerrojazo del TSJCV. Y ese punto lo marcó el juez instructor, José Flors, con su último auto, emitido el 6 de julio de 2009. Ahí, Flors daba por concluidas las diligencias, confirmaba que 'no ha lugar al sobreseimiento' al existir 'suficientes indicios racionales' de cohecho impropio y ordenaba seguir los trámites para abrir juicio con jurado. Tipificado en el artículo 426 del Código Penal y castigado con multa, el cohecho impropio lo comete la autoridad que acepta regalos ofrecidos en consideración a su cargo.

Las diligencias se archivaron pese a que el instructor vio indicios de cohecho

Fue ese auto de Flors, cuya validez confirma ahora el Supremo, el que tumbó el TSJCV. Despreciando el informe policial que destapaba la presunta financiación ilegal del PP valenciano, el tribunal exculpó a Camps con este argumento: que entre los trajes regalados (12.783 euros) y el cargo de su destinatario no había 'relación causal'.

Quienes participan en el caso presumen una cascada de recursos del PP ante cada nuevo paso de Flors. La meta, ralentizar la celebración de un juicio en el que Camps podría convertirse en el primer presidente autonómico en activo procesado por corrupción. Pero la decisión del Supremo resta a De la Rúa margen para proteger en lo sucesivo a Camps.

La decisión desautoriza al juez amigo de Camps, que intentó cerrar el caso

La gran incógnita reside en si será finalmente el TSJCV el que investigue las conexiones de la red con el PP valenciano más allá de los trajes. Un informe de Hacienda sobre Orange Market, empresa clave en la trama, acaba de certificar que el PP ocultó al fisco 2,5 millones de gastos de las elecciones de 2007. Orange Market obtuvo más de 14 millones en contratos. Hasta ahora, el TSJCV se ha negado a indagar sobre contratos y financiación. Pero tendrá que hacerlo tarde o temprano, salvo que el Supremo asuma toda la causa.

Según fuentes cercanas al caso, es más difícil que sea Flors quien, en el marco de las actuales diligencias, se lance a investigar si el PP se financió ilegalmente o benefició injustamente a Orange Market con contratos. La dificultad estriba en que, en abril de 2009, el TSJCV se declaró competente para investigar a Camps, pero sólo en relación a un presunto delito de cohecho impropio.