'Lo que queremos es que aparquen la pasividad y digan que van a reformar leyes para acompañar a las víctimas, para que nadie pueda decir que perseguir los crímenes del franquismo es delito'. El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, abrió con esta invocación al Gobierno la ofensiva que la izquierda parlamentaria trasladará al Congreso en los próximos meses para asegurar la protección a las víctimas del franquismo, menguada a raíz de la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón.

'No se lo pedimos nosotros; sino miles de personas el pasado fin de semana', insistió Herrera haciéndose eco de las manifestaciones contra la impunidad de la dictadura. 'Se lo piden los demócratas que entienden que no puede ser que un país que ha intentado perseguir los crímenes de lesa humanidad y de genocidio en medio planeta no sea capaz de juzgar los crímenes del franquismo', volvió a instar al ministro de Justicia.

A pesar del requerimiento, Francisco Caamaño se limitó a ofrecer 'diálogo' donde ICV le rogó 'poner toda la carne en el asador para acompañar a las víctimas'. 'El Gobierno va a seguir aplicándola la Ley de Memoria Histórica desarrollándola al máximo', replicó el titular de Justicia. 'Vamos a seguir empeñados en seguir trabajando, abiertos al diálogo, a revisar lo que haya que revisar, continuamente', completó Caamaño para cerrar el exiguo compromiso que logró arrancarle Herrera.

La interpelación de ICV que irá seguida en las próximas semanas de nuevas iniciativas respaldadas también por IU, ERC y el BNG se convirtió en un alegato contra el conformismo en el que se ha instalado el Gobierno ante las víctimas de la dictadura, según denuncian de forma sistemática los grupos situados a la izquierda del PSOE.

Contra esa laxitud, Herrera definió la Ley de Memoria Histórica como 'un punto de partida, no de llegada', que requiere 'ambición, mucha ambición', por parte del Ejecutivo para desplegar su contenido. El texto, aprobado en octubre de 2007, se ha revelado ahora 'insuficiente', según el representante de ICV. A su juicio, sin la vitamina de la voluntad política, el crecimiento de la norma ha devenido en anemia. 'El Gobierno la está desarrollando al ralentí', reprochó Herrera a Caamaño.

Y el paciente de esta abulia crónica son las víctimas de la dictadura, especialmente a raíz de la muerte de la investigación de Garzón sobre los crímenes del franquismo. Trasladada esta causa a la justicia ordinaria, empezó un calvario para las víctimas, 'juzgado por juzgado, para ver si podían desenterrar a sus muertos sin la responsabilidad de la Administración', denunció Herrera.

Este desentendimiento, consagrado en el artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica, es la pieza clave que pide modificar IU-ICV-ERC, además de crear más músculo administrativo, similar al de la Ley de Fosas vigente en Catalunya y una fiscalía especial para los damnificados del franquismo. 'Muévanse. No se queden en la inacción. Comprométanse a modificar la ley para evitar el vía crucis judicial de las víctimas', exhortó Herrera. Pero el titular de Justicia apenas le ofreció más que palabras, comprensión y no concreción, desde una imagen de la Transición erigida en línea roja de cualquier retoque legislativo.

Así, 'sin trastocar el consenso que trajo la democracia', se creó la Ley de Memoria Histórica, subrayó Caamaño, tras detallar los hitos que han jalonado el recorrido de la norma: asistencia a más de 700 viudas y 13.000 huérfanos, 90.000 descendientes del exilio nacionalizados, reconocimiento a las Brigadas Internacionales, 600 declaraciones de reparación y reconocimiento entregadas, 14 millones de euros para proyectos que priorizan la apertura de fosas...

El ministro de Justicia anunció en esta enumeración retrospectiva que el Ejecutivo publicará 'muy pronto' el mapa integrado de fosas previsto en la Ley de Memoria Histórica. 'Lo que nos mueve y creo que ahí coincidimos es conseguir la reparación de las víctimas del franquismo', concluyó Caamaño ante el escepticismo de los grupos que se sientan a la izquierda del PSOE.