Quince años después de su aprobación y con más de veinte modificaciones a sus espaldas, la reforma del Código Penal que tramitan las Cortes con el objetivo declarado de ajustarse a la evolución de la sociedad española está lejos de satisfacer todas las expectativas, especialmente las de la izquierda.

Según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el proyecto remitido por el Gobierno al Congreso en noviembre de 2009 era necesario 'para hacer frente a la aparición de nuevas conductas lesivas de bienes jurídicos protegidos que no están contempladas o que lo están de forma deficiente'. Y, aunque durante la tramitación parlamentaria las fuerzas de izquierdas han aproximado posiciones, algunos aspectos siguen sin satisfacer las aspiraciones de todos los grupos y de algunos colectivos sociales.

En Amnistía Internacional se muestran 'tremendamente decepcionados' con la reforma planteada. Según la responsable de investigación y política de la ONG, Giulia Tamayo, 'es asombroso que el delito de desaparición forzada esté desaparecido'. Añade también otros olvidos, como que no se considere imprescriptible la tortura o que no se incluya la ejecución extrajudicial (el homicidio cometido por un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen). En su opinión, 'los políticos han desaprovechado la oportunidad de ajustar la legislación española al derecho internacional'.

Estas críticas, sostienen en el Ministerio de Justicia, son 'fruto del desconocimiento. Uno de los objetivos es la incorporación a nuestro derecho penal de las obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por nuestro país'. Entre ellos, el Tratado de Ottawa, la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas o el segundo protocolo de marzo de 1999 de la Convención de La Haya.

En cuanto a las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales o la esclavitud, en Justicia subrayan que 'tienen su adecuada vía de represión como modalidades que son del delito de genocidio o del delito de lesa humanidad'.

Además de Amnistía, algunas organizaciones han puesto el énfasis en la ausencia de un tipo penal específico para la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Desde la Federación de Mujeres Progresistas, su presidenta, Yolanda Besteiro, reconoce que distinguir la trata de seres humanos de la inmigración clandestina es un avance. Sin embargo, añade que 'sería deseable que la trata de mujeres con fines de explotación sexual se incluyese específicamente como una de las formas de esclavitud del siglo XXI'.

El proyecto, responden en fuentes del Ejecutivo, presta especial protección penal a 'mujeres y niños en conflictos armados, castigándose expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada o cualquier otra forma de agresión sexual'. El texto incorpora la creación de un nuevo título: 'De la trata de seres humanos'.

Las formaciones de izquierdas critican que esta reforma endurece las penas. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Ridao, sostiene que 'se ha optado por una reforma regresiva que afectará, principalmente, a las personas de las clases más desfavorecidas, en peligro de exclusión social y a los que tienen inferiores ingresos económicos'.

En su opinión, 'se ha optado por la línea más conservadora y coercitiva'. Desde Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Herrera afirma que el nuevo texto 'mantiene el endurecimiento de 2003'.

El ministro niega la mayor. Según Caamaño, 'proporción es el adjetivo que mejor califica la reforma. Incrementa penas allí donde hacía falta, pero también oxigena otro tipo de delitos donde la sociedad no demanda una reacción punitiva tan excesiva'. Como ejemplos, señala la rebaja de las penas para los manteros o el endurecimiento de delitos relacionados con la trata de seres humanos, la pornografía infantil o la corrupción.

Para el diputado de IU, Gaspar Llamazares, esta reforma no 'da la vuelta a la escalada punitiva de las últimas reformas'. Por ello, el parlamentario hubiera preferido 'retomar como prioridad la reinserción y la mediación penal, que es un mecanismo fundamental para rebajar el grado de penalización que existe en las relaciones de la sociedad y que ni está ni se la espera'. En este sentido apunta también Joan Ridao, que echa de menos que 'no se contemplen medidas que eviten el proceso penal y la aplicación de penas, como los procesos de mediación que persigan el perdón del ofendido o el resarcimiento de la víctima'.

El proyecto de reforma, resaltan en Justicia, incorpora una medida como es la libertad vigilada, 'tendente no sólo a la protección a las víctimas sino también a la rehabilitación y la reinserción social del delincuente'. Esta no sustituye a la pena de prisión, sino que es de ejecución posterior a la excarcelación y se aplica a los delitos de terrorismo y ciertos delitos sexuales. Para evitar la 'desocialización', añaden, la reforma avanza en el 'sistema de sustitutivos de las penas privativas de libertad de corta duración', previendo sustituir algunas penas de prisión por la de localización permanente.

Las formaciones progresistas creen que el proyecto se ha quedado corto en el castigo de la corrupción y los delitos económicos. El diputado Francisco Jorquera (BNG) critica que aquellos que deberían tener una tipificación más dura, no la tienen. En los códigos penales, 'parece que también hay clases', ironiza.

Ciutadans de Catalunya pidió que la financiación irregular de los partidos fuese tipificado como delito. Su portavoz, Jordi Cañas, afirma que 'sería una señal inequívoca de la voluntad de PSOE y PP por intentar combatir la corrupción'. Desde el Ejecutivo recuerdan que estas conductas 'se regulan en la Ley de Financiación y que el Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos'. Además, con la reforma, los partidos 'quedarán sujetos a la responsabilidad que pueda derivarse del nuevo delito de corrupción entre particulares'.

ICV cree que los delitos relacionados con los derechos de los animales no están bien recogidos. 'Se queda muy lejos de lo que defendíamos', afirma. Su grupo presentó, sin éxito, varias enmiendas encaminadas a incorporar un capítulo nuevo sobre delitos relativos a los maltratos a animales.