'Yo destapé la trama Gürtel'. Pronunciadas dos veces, las cinco palabras que Esperanza Aguirre encadenó el jueves 8 de abril de 2010 en la Asamblea de Madrid tienen ya garantizado su ingreso en los anales de la historia. Y lo tienen por mucho que al día siguiente Aguirre retrocediera a marchas forzadas para afirmar esta vez que, en realidad, nunca supo que tenía ante sí una presunta red de corrupción.

De la popularidad de su 'yo destapé...' dan fe los 118.000 resultados que el viernes arrojaba el buscador Google. O los seis grupos creados en Facebook, ninguno de ellos amistoso con la presidenta de Madrid y líder regional del PP. Pero la frase de Aguirre no encierra una simple muestra de osadía o ingenio. Contiene un oxímoron. O, lo que es lo mismo, una contradicción en toda regla.

La líder del PP de Madrid tuvo en su poder un dossier sobre Majadahonda

Porque, mucho antes de que Baltasar Garzón lanzara el 6 de febrero de 2009 su operación contra la red corrupta, Aguirretuvo cuatro ocasiones de levantar la tapadera. Cuatro fueron los avisos que recibió. Variopintos pero suficientes para alimentar la inquietud de que algo se cocía en las cloacas de la política de Madrid, la Comunidad cuyo Gobierno proporcionó a la trama de Francisco Correa más de tres millones de euros en contratos.

El que sigue es el relato de esas cuatro advertencias, todas ellas desoídas por quien, varios años después, frente al pelotón de periodistas parlamentarios, terminaría arrogándose el mérito de haber descubierto el pastel.

La extraña parcela y la trama de las VPO

El concejal Ángel Galindo la alertó de la actuación del alcalde de Pozuelo

En 2004, el grupo de gobierno del PP en Majadahonda se rompió. A un lado, el entonces alcalde, Guillermo Ortega, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Al otro, 12 ediles encabezados por el actual regidor, Narciso de Foxá, que en aquellosdías dirigía la empresa Pammasa, gestora municipal de suelo y vivienda. La chispa que prendió el cisma fue la proyectada venta de una parcela por un precio inferior a la mitad de lo tasado en un principio.

La facción de Foxá acusó a Ortega, Peñas y Moreno de buscar el beneficio de una empresa, y así se lo dijo a Aguirre. Justamente, a esa operación se refería la presidenta cuando aseguró que destapó la trama Gürtel al impedir la venta de suelo 'con beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta trama'. Obvió que su número dos, Ignacio González, había aprobado los pliegos de la subasta, donde figuraba no el precio original sino el inferior.

También Peñas, autor de ese pliego y luego denunciante del caso Gürtel, acudió a Aguirre: sostenía que, al torpedear la venta, era Foxá quien quería beneficiar a una sociedad propiedad de un íntimo amigo. El 17 de enero de 2005, Peñas entregó a Aguirre un dossier donde desvelaba una presunta trama que basaba su negocio en la conversión de viviendas protegidas (VPO) en viviendas libres. Anticorrupción investigó, pero el caso se cerró. Aguirre desbancó a Ortega de la alcaldía, lo cobijó en la presidencia de una empresa pública, Mercado Puerta de Toledo, y lo mantuvo en la ejecutiva regional del PP como secretario de Estudios y Estadísticas.

Special Events, Good and Better, Down Town...

El 14 de marzo de 2005, la revista Interviú publicó un extenso reportaje titulado Las amistades peligrosas de Alejandro Agag. Sus autores ofrecieron información detallada sobre los múltiples contratos públicos obtenidos en Madrid por las empresas de Correa y su esposa, 'amigos íntimos de Alejandro Agag'. Y citaban expresamente a Special Events, Good and Better... y Down Town Consulting.

El mismo día que la edición de Interviú llegó a los kioscos, Down Town cambió su denominación por la de Easy Concept, aunque su CIF (el DNI de las sociedades mercantiles) era el mismo. Aguirre afirma que, a raíz de ese reportaje, ordenó al ahora imputado Alberto López Viejo, su director adjunto de campaña en 2003 y entonces viceconsejero de Presidencia, que dejase de contratar con Special Events. Pero Good and Better e Easy Concept siguieron recibiendo adjudicaciones de la Comunidad, aunque cedieron protagonismo a otras dos nuevas marcas limpias de la red: Diseño Asimétrico y Servimadrid, las grandes receptoras de contratos desde 2006.

Una carta sobre los desmanes de Panero

El 21 de septiembre de 2006, el abogado y concejal independiente de Boadilla Ángel Galindo envió a Aguirre una carta donde revelaba cómo el alcalde del municipio, el ahora imputado Arturo González Panero, había adjudicado una parcela municipal a una empresa que ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.

Aquella empresa era UFC, del también imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri. Galindo, que representa al ex edil de Majadahonda José Luis Peñas en el caso, asegura que Aguirre ni siquiera acusó recibo de la misiva.

Segunda misiva y nuevo silencio

El 2 de diciembre de 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla envió otra carta a Aguirre. Aquella misiva alertaba a la presidenta sobre cómo el alcalde Panero sometía a 'chantaje' al funcionariado para adjudicar los contratos a su conveniencia. De las empresas adjudicatarias, denunciaban los funcionarios, 'obtiene cuantiosos beneficios económicos de carácter personal; para él y para su círculo, que cada vez se hace más extenso'.

Tampoco con este cuarto aviso Aguirre se dio por aludida. Panero se mantuvo como alcalde hasta que el juez Garzón lo imputó en el caso Gürtel en febrero de 2009. También él pertenecía a la ejecutiva regional del PP.