Diez millones de euros para nuevas infraestructuras, reurbanización de calles y rehabilitación de 350 viviendas en el barrio marinero de El Cabanyal. Este es el contenido del convenio que firmaron, el 3 de diciembre de 2007, el Ministerio de Vivienda, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, cuyas aportaciones fueron de 2,76 millones, 6,7 millones y 24.937 euros, respectivamente. De todas estas cifras, sólo Vivienda ha puesto encima de la mesa una parte del dinero pactado. Se trata de 690.812 euros transferidos en 2007 y de los que la alcaldesa, Rita Barberá (PP), dice haber gastado una tercera parte (213.635), aunque fuentes de Vivienda confirman que no han recibido justificación alguna.

Estas cifras son, para el PSPV-PSOE, la demostración de que a Barberá 'no le interesa rehabilitar El Cabanyal, sino ampliar la avenida de Blasco Ibáñez [hasta el mar] y sepultar 600 edificios de alto valor patrimonial'. Es lo que piensa Vicente González Móstoles, uno de los concejales socialistas que fue desalojado a la fuerza la semana pasada tras oponerse a los derribos. El Ministerio de Cultura ha protegido el patrimonio de este antiguo barrio de pescadores, al declararlo como Bien de Interés Cultural (BIC). De momento, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente cualquier demolición.

La alcaldesa quiere gastar fondos públicos en comprar casas para derruirlas

González denuncia que el ayuntamiento no ha comunicado a los vecinos la existencia de un convenio que subvencionaría la rehabilitación de sus casas. 'Ni un solo anuncio, nada', critica.

El acuerdo debería haberse sustanciado a finales de 2009, pero las partidas del ministerio están congeladas. La explicación es sencilla. 'Hasta que la Generalitat no justifique dónde ha ido esa inversión, Vivienda no puede abonar más pagos', señalan fuentes ministeriales. 'A día de hoy, sólo se han rehabilitado una cincuentena de viviendas', denuncia González. El concejal anuncia que se dirigirán en breve a Vivienda para que organice la campaña de información a los ciudadanos 'ante la inactividad y el boicot de Barberá a un dinero que es de todos los vecinos de El Cabanyal'.

La no ejecución de este acuerdo contrasta con las declaraciones de la alcaldesa, quien ha acusado al Gobierno en reiteradas ocasiones de tener como objetivo 'la parálisis de El Cabanyal'. La suspensión de los derribos este miércoles por parte del TC ha generado una fuerte marejada en el PP valenciano. En los dos últimos días, Barberá ha protagonizado una incesante actividad política para contrarrestar el calado de esta medida entre la opinión pública. Ayer, en El Cabanyal, recalcó que invertirá 60 millones para comprar casas y, llegado el momento, tirarlas abajo.

Fuentes jurídicas recuerdan que la legalidad la marca la orden de Cultura

¿De dónde surge esta cifra? El grueso lo componen 46 millones del Plan Confianza, una partida creada por la Generalitat para combatir la crisis generando puestos de trabajo en obras municipales. La portavoz adjunta del grupo Compromís, Mònica Oltra, explicó ayer que se trata de una partida fantasma, no presupuestada 'y destinada sólo a amenazar a los propietarios de El Cabanyal, que preferirían ver sus casas rehabilitadas y en valor'.

En la misma línea se pronunció Amadeu Sanchis, de Esquerra Unida: '¿Si el Plan Confianza es para crear empleo, qué puestos de trabajo se generan comprando casas?'. A estos 46 millones cabe añadir 12,5 millones más, presupuestados por el ayuntamiento, y cerca de nueve millones consignados por la Generalitat para derruir en El Cabanyal en 2010. Un cifra global que supera los 60 que asegura disponer Barberá.

Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por Público ponen en duda la legalidad de comprar casas, tal y como pretende Barberá. 'La legalidad vigente es clara y la marca el Ministerio de Cultura: la alcaldesa debe acometer un nuevo plan que suponga la rehabilitación del barrio', afirman dichas fuentes.