La querella que se presentó ayer en los tribunales de Buenos Aires para que se juzguen los crímenes del franquismo parece haber caído en buenas manos. La jueza que ha recibido la causa, María Servini de Cubría, fue la primera magistrada del país en permitir la restitución de niños apropiados durante la dictadura argentina. La denuncia, que aplica al principio de jurisdicción universal, lleva el número 4591/10 y permitirá por primera vez la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo.

Los querellantes particulares de esta causa son Darío Rivas, de 91 años, hijo de un alcalde de la localidad Castro Rei (Lugo) que fue asesinado en 1936, e Inés García Salgado, que defiende en esta causa a tres familiares: un tío desaparecido y dos tíos abuelos fusilados. Los dos han sido arropados por diversas asociaciones que los acompañan en esta causa.

Uno de los objetivos es crear 'una ola que alcance a otras naciones'

'Esto ha despertado una enorme expectativa. Es posible quebrar la impunidad', comentó Carlos Slepoy, abogado argentino residente en España que representa a los familiares de las víctimas. 'Hay que terminar con el mito de que hubo una lucha fratricida en la que dos bandos cometieron aberraciones. Lo importante es determinar quién provocó esto. Lo que hicieron los republicanos fue defenderse, tratar de evitar el genocidio', señaló.

Cuatro son los abogados que comenzaron a trabajar en la querella a finales del año pasado: los argentinos David Baigud, Ricardo Huñís, Beinusz Szmukler y Máximo Castells. 'Hemos promovido la querella por la comisión de delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos', indicó este último letrado, 'desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones libres'.

Castells expresó su esperanza de que esta denuncia impulse la aparición otras querellas. 'Hagamos una suerte de ola que alcance a otras naciones para que se presenten también ciudadanos españoles que viajen a Argentina y expliquen así la pérdida de sus seres queridos', pidió . 'La bandera que se lleva en este caso es conocido por todos: la idea de justicia universal'. Los abogados querellantes han solicitado también que un comité que investigue las pruebas que hayan sido destruidas en España.

Los republicanos sólo se defendieron, afirma uno de los abogados

Una de las intervenciones más esperadas durante la presentación de la querella fue la de Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que habló de cuál era para él la verdadera prevaricación de la Justicia española: 'Nosotros hemos abierto 150 fosas comunes en diez años, hemos recuperado unas 1.300 personas, a la inmensa mayoría les hemos puesto nombre y apellido, y sólo en tres exhumaciones tuvimos presencia judicial, aunque la Ley de Enjuiciamiento Judicial les obliga a estar presentes', denunció. 'Posiblemente muchos de los que presionan a Garzón aplauden la falta de jueces en las exhumaciones'.

Macías agradeció a Argentina su acogida a los republicanos exiliados, a los que llamó 'embajadores de la dignidad', y recordó que España ha firmado acuerdos internacionales para perseguir los crímenes de lesa humanidad. 'Hemos ido a otros países a dar lecciones y, ahora que nos toca a nosotros, estamos dando una imagen que dice muy poco de la democracia española' precisó.

El vicepresidente de la asociación manifestó su deseo de que se derogue la Ley de Amnistía de 1977 con el fin de que se pueda hablar abiertamente de los niños robados durante la dictadura. Y para abordar 'la Transición española que ha convertido a Manuel Fraga en un héroe de la democracia y a un preso político como Marcos Ana [23 años en cárceles franquistas], en un desconocido'.

'Este es un día que ninguna persona de bien puede dejar de acompañar', remachó la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El aplauso cerrado de los asistentes terminó con un grito unánime: '¡Olé, olé, olé, olá, adonde vayan los vamos a buscar!'.