Benedicto XVI quiso ayer zanjar la polémica sobre la actitud de la Iglesia ante los delitos de pederastia cometidos por sacerdotes. Para ello publicó, por primera vez, en su página web, las directrices que sigue el Vaticano desde el año 2003. Estas directrices, sin embargo, no aclaran de una vez por todas si las diócesis están obligadas a denunciar a la justicia civil a los sacerdotes de los que tenga indicios de abusos sexuales a niños. Además, las notas publicadas ayer eran sólo una información a la prensa, no un documento jurídico, según fuentes vaticanas.

El texto dice: 'Hay que seguir siempre la ley civil en lo que concierne a las denuncias de los delitos a las autoridades apropiadas'. La ley sobre denuncias, sin embargo, es diferente en cada país, como explicó recientemente el promotor de justicia o fiscal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna.

Los obispos no siempre tienen la obligación de denunciar

En una entrevista al periódico de los obispos italianos, Avvenire, Scicluna explicó que 'en algunos países de cultura jurídica anglosajona, pero también en Francia, los obispos que vienen a saber fuera del sigilo sacramental del confesionario de delitos cometidos por sus sacerdotes, están obligados a denunciarlos ante la autoridad judicial'.

En cuanto a los demás países, añadió: 'Nosotros no imponemos a los obispos que denuncien a sus propios sacerdotes, pero les animamos a dirigirse a las víctimas para invitarlas a denunciarlos'.

En casos flagrantes, el Pontífice puede expulsar de forma directa

Por otra parte, el número dos del Papa, Tarcisio Bertone, añadió ayer nuevos argumentos a la polémica relación que se establece en algunos ámbitos entre pederastia y celibato. 'No hay relación entre celibato y pederastia, pero muchos psiquiatras han demostrado que hay relación entre homosexualidad y pederastia', dijo. El cardenal anunció, además, que Ratzinger emprenderá nuevas acciones para hacer frente a los abusos a menores por parte de sacerdotes.

Como explicó ayer a Público el vicedirector de Prensa de la Santa Sede, Ciro Benedettini, las líneas directrices publicadas recogen lo que práctica el Vaticano desde 2003.

Entonces, Joseph Ratzinger era responsable de la Congregación, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Dos años antes, Karol Wojtyla había publicado una ampliación jurídica de lo que ya indicaba el Código Canónico de 1983.

En 2003, el Vaticano habría fijado las reglas de interpretación definitivas que sigue, por ejemplo, Charles Scicluna en su tarea fiscal. Un documento suyo es el que ha inspirado las notas publicadas ayer en la web, que según dijo a este periódico el portavoz del Papa, Federico Lombardi, son una 'guía para los periodistas' y no tienen valor jurídico.

De ser así, sigue sin resolverse un punto clave de la actuación de la Santa Sede: si todos los obispos están obligados o no a denunciar a sacerdotes por propia iniciativa.

Como explicaba hace pocos días el fiscal de Milán Pietro Forno, en Italia esto no ha sucedido nunca: las diócesis sólo colaboran una vez han recibido una solicitud de información por parte de la Justicia.

Estas lagunas son las que debería colmar la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en estos momentos revisa las normas canónicas para combatir plenamente los delitos de pederastia. La tarea de enmienda corre a cargo del jesuita Luis Ladaria, número dos de este dicasterio vaticano.

La Santa Sede ya anunció ayer, sin embargo, que los procedimientos fijados en las líneas directrices divulgadas en la web no cambiarán. Estas establecen que los obispos deben investigar todas las acusaciones que reciba un sacerdote y, 'si son verosímiles', deberán informar a la Congregación. En ese momento, deberán atenerse a la ley civil. Desde ese momento, la diócesis deberá apartar al capellán de cualquier situación de riesgo con niños.

Al recibir la documentación, la Congregación tiene dos opciones. O bien abre un proceso canónico ordinario, que puede acabar con la expulsión del sacerdocio del acusado una vez se considera probado que ha abusado de niños, o en los casos más flagrantes, 'cuando la justicia ya ha probado la culpabilidad o cuando la evidencia es abrumadora', puede enviar el caso directamente al Papa.

El Pontífice puede entonces proceder a la expulsión directa del pederasta. En los demás casos, si un cura abusador ha confesado sus delitos y se compromete a una vida apartada de penitencia, no necesariamente se le expulsa de la orden sacerdotal.

Mientras, la asociación más extensa de víctimas de abusos por parte de religiosos en EEUU, la Snap, explicó ayer que le es indiferente que los procedimientos vaticanos se publiquen en Internet, porque lo importante, a juicio de las víctimas, no es tanto que se divulguen como que se cumplan.