Sólo un día después de que las piquetas enviadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), retaran la orden del Ministerio de Cultura con la demolición de tres casas en el barrio marinero de El Cabanyal, un grupo de vecinos impidió ayer que se ejecutaran nuevos derribos. A primera hora de la mañana, una excavadora comenzó a hurgar en el interior de un inmueble de la calle de San Pedro, situado junto a la sede de Salvem el Cabanyal, la principal plataforma que se opone a las demoliciones. Su presidenta, Maribel Doménech, constató una lluvia de cascotes desde el techo y grandes desconchones en la pared colindante. Ante el peligro del eventual derrumbe de ambas casas, el jefe de obras suspendió la intervención.

Casi a la misma hora, vecinos de la calle de Francisco Eiximenis alertaban de que en el número 31 operarios contratados por el ayuntamiento descuartizaban el interior del inmueble. En seguida, un centenar de personas se reunió en el lugar e instó a los operarios, de manera pacífica, a detener las obras. Una decena de policías nacionales se presentó en la zona, pero esta vez no hubo cargas ni empujones. La actitud fue muy distinta a la del martes, cuando reprimieron a los vecinos que trataban de evitar la demolición de edificios que Cultura declaró 'intocables' a través de una orden que los protegía como Bien de Interés Cultural (BIC). La Policía Local, que también participó en la cargas, ni se presentó ayer.

El ayuntamiento anuncia que continuará con las demoliciones

¿A qué se debe este cambio en las formas? Desde diferentes instituciones se apeló a la prudencia tras la enorme polvareda política que han levantado las imágenes de vecinos bajo las porras y de diputados sacados a empujones por la policía. La diputada de IU, Marga Sanz, ya ha presentado una denuncia contra la Policía Local. Lo mismo ha hecho la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, para quien lo sucedido 'es un auténtica vergüenza que traslada a otros tiempos, los de la dictadura franquista'. Además, su grupo ha denunciado a los concejales Alfonso Grau y Miguel Domínguez (PP) por ordenar 'el expolio del patrimonio de El Cabanyal', protegido por Cultura a instancias del Tribunal Supremo.

Por su parte, el PSPV-PSOE anunció que adoptará medidas por 'la agresión policial', aunque todavía no han concretado el formato ni si las harán extensivas al equipo de Gobierno municipal por ordenar los derribos. Los socialistas mostraron su malestar por la actitud del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, quien no impidió la contundente actuación de la Policía Nacional. De hecho, se desconoce por qué este cuerpo policial actuó en contra de una orden de su propio Gobierno. Público intentó, en balde, conocer la respuesta de esta institución.

Sí se supo que Delegación del Gobierno requirió al ayuntamiento a detener las demoliciones. El consistorio, mediante un comunicado, definió este requerimiento de 'ignorancia jurídica' y anunció que continuará con los derribos.