La caja B de la trama Gürtel descubierta en un piso de Madrid recogía los pagos que sus cabecillas hacían a políticos corruptos del PP a cambio de concesiones y licencias. Francisco Correa y sus colaboradores actuaban de intermediarios entre los cargos públicos y los empresarios dispuestos a pagar comisiones con tal de hacerse con las adjudicaciones. Y en algún momento había que repartir el dinero.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, entregado hace tres semanas al juez, explica cómo Correa utilizaba lugares 'seguros' para entregar sobres repletos de billetes, como el hotel Gran Melia Fénix, de entrada discreta y en pleno centro de Madrid, a un breve paseo de la sede del PP en la calle Génova. En una carpeta de color azul hallada en poder del contable de la trama, José Luis Izquierdo, se detalla cómo tres obras públicas en Boadilla del Monte ofrecieron dividendos por valor de 288.485 euros a la trama.

En el hotel Fénix, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero El Albondiguilla, recibió en 2003 un sobre con 12.000 euros, su concejal José Galeote, otro con 6.000, y el entonces gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Tomás Martín Morales, el más grueso, con 108.172 euros, debido a su 'papel fundamental' en la concesión irregular a dos constructoras que tenían detrás a un mismo empresario, el también imputado Alfonso García Pozuelo Asins.

Por supuesto, Paco Correa se quedaba con una parte de lo repartido. En este caso, 132.000 euros, ingresados en la contabilidad de la trama conocida como 'Caja PC'. Según el cálculo de los investigadores, Correa cobró entre un 21,5% y un 26,5% de lo obtenido por estas obras. Pero en el detalle de este reparto encontrado en el despacho de Izquierdo hay un apunte a 30.050 euros dirigidos a 'Campaña'. 'No es desdeñable que el destino de dicha cantidad de dinero fuera algún tipo de campaña electoral que se estaba llevando a cabo en esos momentos, cuyo beneficiario sería el Partido Popular de Boadilla del Monte', dice la policía en su informe, recordando que el cobro se produjo 16 días antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003.

El proceso de adjudicación, según detalla el informe policial, está lleno de irregularidades. La EMVS de Boadilla, con la firma de Tomás Martín, publicaba el concurso en un diario de Madrid. El comité de selección se reunía días más tarde para analizar las propuestas de las distintas empresas. Curiosamente, la policía no ha encontrado las actas de reu-nión en dos de los tres casos. En el tercero, el acta no lleva la firma del presidente del comité de adjudicación, tan sólo la de Tomás Martín Morales.

En el proceso de realización de las obras, estas se encarecían hasta ofrecer el desfase de 288.485 euros que luego se repartían entre Correa y los políticos del PP implicados en la corrupción de Boadilla.