La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor dentro de cuatro meses a partir del día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 5 de julio de 2010.

La norma establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres, 'sin interferencia de terceros', puedan abortar libremente. Asimismo, tendrán la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si 'existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada' o 'riesgo de graves anomalías en el feto'.

La ley también permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detecten 'anomalías fetales incompatibles con la vida' o cuando se descubra en el feto 'una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico'.

En su programa electoral de cara a las elecciones de 2008, el PSOE se comprometió a 'promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria'.

'Cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso garantizando, en su aplicación, la seguridad jurídica para los equipos médicos y para las mujeres cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites de la ley', agregaba el programa.

Seis meses después de las elecciones, el 4 de septiembre de 2008, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunciaba que el Gobierno aprobaría una 'nueva' ley del aborto que homologara la legislación española a la de algunos países europeos. En este tiempo, el Gobierno ha defendido que la reforma es necesaria porque 'las mujeres deben de tener derecho a decidir cuándo quieren ser madres' y recalcan que la nueva ley busca prevenir embarazos no deseados.

Durante este proceso se crearon dos órganos destinados a elaborar las propuestas de las nueva ley, el Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad y la Subcomisión del Congreso sobre la aplicación de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El PP denunció que el Comité de Expertos estaba formado sólo por personas 'proabortistas' y que el PSOE no ha escuchado las recomendaciones que hicieron los comparecientes que participaron en la Subcomisión a propuesta de los conservadores.

Uno de los puntos más polémicos de la Ley ha sido el apartado referido a las menores. Tras una enmienda presentada por el PNV, la norma establece que las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno.

En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija que al menos uno de sus progenitores o tutores tiene que ser informado de la decisión, salvo 'cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo'.

Ante esta nueva ley, los grupos antiabortistas se movilizaron para que los diputados y senadores rechazaran el proyecto de ley durante su tramitación y convocaron dos manifestaciones en Madrid.

La primera de ellas, el 29 de marzo de 2009 bajo el lema 'No existe el derecho a matar. Existe el derecho a vivir' y la segunda, el pasado 17 de octubre en Madrid, bajo la consigna 'Cada Vida Importa'.

Finalmente, el texto fue aprobado en el Congreso de los Diputados con 184 votos del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos de los 10 diputados de CiU. Por el contrario, el proyecto fue rechazado por el PP, siete diputados de CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La única abstención fue de CiU.

El Senado, por su parte, aprobó la norma por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU).

Tras la aprobación definitiva, el Ejecutivo socialista manifestó que se había dado un 'paso de gigante' en defensa de la mujer y calificó el día como 'grande para la democracia'. Por el contrario, las asociaciones provida indicaron que era 'un día muy triste en la historia de España' porque 'esta norma que desprotege a la mujer y al niño traerá mucho dolor y sufrimiento a la sociedad española.