'Numerosas e importantes incorrecciones'. Datos 'ocultados interesadamente' a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 'Versión que se sustenta en una documentación calculadamente fragmentada'. Estas son algunas de las expresiones con las que el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, define la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón (en PDF). Una querella admitida a trámite el pasado 24 de febrero, según la fiscalía, porque el alto tribunal dio por buena la descripción de los hechos que se incluía en el escrito. Estos hechos hubieran permitido a la Sala rechazar de plano 'tales incorrecciones y, por ende, inadmitir la querella', dice el fiscal.

En un extenso recurso de súplica, el ministerio público avala la instrucción realizada por Garzón del caso Gürtel, objetivo último del ex fiscal de la Audiencia Nacional Peláez, al interponer la querella, y del resto de defensas, que han recurrido las escuchas acordadas por el primer instructor ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 'Estas inexactitudes confirman la intención del querellante de obtener fraudulentamente una resolución en un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato' de la trama Gürtel, afirma el fiscal.

Sostiene que el juez investigaba blanqueo cometido por los letrados

Para demostrar sus palabras, el fiscal aporta al procedimiento todas las resoluciones dictadas en relación con las escuchas, incluida las encaminadas a salvaguardar el derecho de defensa y las del juez Pedreira, manteniendo y ratificando la medida.

Precisa que la conversación en la que Peláez basa su querella 'no ha tenido ningún efecto en el curso del procedimiento, ni ha determinado la práctica de diligencia alguno, ni trascendió en modo alguno a la declaración prestada' por su cliente, el constructor José Luis Ulibarri.

La fiscalía ve un fin fraudulento en la querella al intentar sortear al TSJM

El fiscal asegura, además, que 'está absolutamente alejada de la realidad' la versión ofrecida en la querella de que Garzón retuvo indebidamente la pieza de las intervenciones telefónicas, no dándole traslado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al que correspondió investigar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Si no lo incorporó el TSJCV, fue porque no quiso.

Además, el fiscal aporta un dato nuevo: haber preservado la transcripción de las conversaciones evita 'cualquier interpretación alejada de la realidad' de las palabras del José Antonio Choclán, abogado del principal imputado en la causa, Francisco Correa, cuando se jactó de que conocía a las fiscales del caso. El propio Peláez aseguraba que hablaría con ellas para saber 'cuáles pudieran ser sus planes para la instrucción de la causa'.

Pero es más, el fiscal justifica las intervenciones en la necesidad de investigar el delito de blanqueo de capitales que los imputados 'seguían cometiendo desde el establecimiento penitenciario'. Por ello están imputados sus primeros abogados: Luis de Miguel, Josér Ramón Blanco Balín, Manuel Delgado y José Antonio López Rubal. Además, es este el que propone a los letrados actuales, Choclán para Correa y Rodríguez-Mourullo para su presunto lugarteniente, Pablo Crespo. A Antoine Sánchez lo sigue representando Juan Ignacio Vergara, del despacho de Delgado.

Independientemente del gran número de entidades societarias con las que trabajaba la trama, muchas de ellas, ubicadas en paraísos fiscales, el recurso no deja pasar la oportunidad de destacar que, pese a dejar la defensa de Correa, López Rubal se reservó 'un papel fundamental en la dirección y coordinación' de los abogados del caso. El fiscal dice que no es descabellado pensar que los letrados 'mantendrían su interés' por continuar con las operaciones de blanqueo.