La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue siendo fiel a sus escritos anteriores y volvió ayer a dirigirse al Alto Tribunal para decir que el juez Baltasar Garzón no prevaricó por haber abierto la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo. El ministerio público no comparte la instrucción que realizó el juez de la Audiencia Nacional, como demostró recurriendo todas sus resoluciones, pero sigue manteniendo que el magistrado no prevaricó, por lo que el procedimiento debe ser sobreseído y archivado.

La fiscalía respondía al trámite de alegaciones que el instructor del procedimiento, el magistrado Luciano Varela, otorgó al ministerio público y a los querellantes el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraderechista, y Falange Española de las JONS. Debían pronunciarse sobre el recurso que presentó Garzón contra el auto del pasado día 3 que ratificaba la existencia de indicios de prevaricación.

Fuentes fiscales señalaron que el escrito de alegaciones presentado no avala la instrucción que hizo Garzón en la causa de la memoria histórica, porque tuvo con él 'diferencias muy serias'. En realidad la fiscalía siempre se opuso a la investigación y consiguió que la Sala de lo Penal ordenara al magistrado abandonarla. Para entonces, Garzón ya se había inhibido a favor de los juzgados territoriales donde se ubicaban fosas de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo.

Y, como en otros escritos, la fiscalía refrenda la instrucción realizada por Luciano Varela del procedimiento seguido contra Garzón por la memoria histórica.

Por su parte, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer un escrito en el que urge a Varela a pronunciarse 'sin demora' sobre las pruebas que solicitó que se realizaran 'en la fase de instrucción en que se encuentra esta causa'.

En su escrito, de apenas dos páginas, la defensa dice que llama la atención que se tramite el recurso que deberá resolver la Sala que admitió a trámite la querella de Manos Limpias y no resuelva sobre las pruebas, como las relativas a tomar declaración al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y a prestigiosos juristas especializados en justicia universal.

Según el escrito, esta 'omisión' podría vulnerar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, el Supremo siguió deliberando ayer si admite a trámite la querella presentada por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, en nombre del imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri, por las escuchas realizadas a los imputados presos. De admitirse, será el tercer procedimiento abierto contra Garzón.