Gobierno y oposición reaccionaron ayer con urgencia tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) de no asumir la competencia para investigar la querella del PSPV contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la cúpula del PP valenciano y cinco constructores a los que los socialistas acusan de financiar irregularmente a la formación conservadora en el marco del caso Gürtel.

El secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, aseguró en una rueda de prensa que la decisión del TSJCV de no actuar 'deja claro que no existen aforados valencianos implicados en ninguna trama'. Por esta razón exigió la dimisión del líder del PSPV, Jorge Alarte, 'el autor intelectual de un ataque a gente inocente', aunque no precisó ningún nombre porque no ha leído aún el auto del tribunal. El auto no sólo no excluye la implicación de aforados, sino que insta al juez madrileño Antonio Pedreira a remitir la causa al Supremo o al TSJCV si encuentra indicios contra alguno de ellos.

Por su parte, el portavoz en les Corts del PSPV, Ángel Luna, compareció minutos después para afirmar que el auto 'disipa dudas' porque señala que los hechos podrían tener 'significación delictiva que se ha de investigar'. Según Luna, el TSJ valenciano prefiere 'no fragmentar' el sumario y que la causa se instruya, de manera unitaria, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que esta sea más efectiva.

El portavoz socialista explicó que su partido presentó la querella en noviembre ante la incertidumbre de que ningún tribunal incluyera en sus investigaciones el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que argumenta las presuntas ilegalidades en la estructura financiera de PP. Unos datos que el TSJCV desechó en agosto antes de archivar la rama valenciana de la Gürtel. Según la querella, Orange Market canalizó dinero de cinco constructoras para financiar actos del PP entre el 2005 y el 2009. A cambio, estas empresas recibieron más de mil millones en adjudicaciones. Una de las firmas es Sedesa, propiedad de la familia de Juan Cotino, vicepresidente del Consell.

Ayer mismo, el grupo parlamentario del PSPV, acusó al PP de obstruir el acceso a información referente a las adjudicaciones del Gobierno valenciano a esta constructora. Entre el 1998 y 2009, en solitario o junto a otras empresas, Sedesa obtuvo contratos de la Generalitat valorados en 830 millones de euros.