El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que el informe policial que denunció la financiación irregular en el PP valenciano 'contiene hechos de posible significación delictiva, que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos'. Al mismo tiempo, ha acordado no asumir la competencia para conocer la querella interpuesta por el PSPV contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otras 17 personas -entre ellas altos cargos del Consell y del PPCV y empresarios- en relación con el 'caso Gürtel'.

La sala ha notificado a última hora de esta mañana un auto en el que atiende básicamente a los argumentos esgrimidos por el ministerio fiscal, que el pasado 5 de febrero de 2010 solicitó al tribunal que, de momento, se declarase incompetente para investigar los hechos objeto de la querella, 'evitando así posibles duplicidades e interferencias procedimentales'.

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, cree que el auto 'lejos de exculpar a nadie, resalta y destaca la gravedad de los hechos'.

Por su parte, el PP ya ha declarado que tras esta decisión el caso Gürtel en Valencia está prácticamente cerrado y recupera, además, su confianza en Camps. De hecho, fuentes del PP han subrayado que auto del TSJV abre consecuencias políticas.

La primera, según la versión de estas fuentes, es que el camino de Camps para presentarse de nuevo a las elecciones autonómicas del año próximo queda despejado; la segunda, derivada de la anterior, que el presidente valenciano recobra la credibilidad y la fortaleza perdidas dentro del PP, sobre todo en el seno de la dirección.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV solicitó el pasado 29 de enero a la Fiscalía y al PSPV -que ejerce la acusación particular-que se pronunciaran sobre su competencia para estudiar la querella interpuesta por este partido el pasado mes de noviembre y les daba un plazo de cinco días para hacerlo.

La sala realizó este requerimiento a las partes, a través de una providencia, con el objetivo de perfilar y establecer, sin prejuzgar esta decisión, si era competente o no para admitir a trámite la querella presentada por cuatro diputados socialistas contra 17 personas.

La sala les aportó toda la documentación recabada y, a la vista de los resultados de las diligencias practicadas, les pidió que se pronunciaran. Adoptó esta decisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considerara 'no procedente' dar traslado a la Sala valenciana de la información que ésta le había solicitado sobre determinados extremos e interpretaciones del procedimiento.

Tras ello, la Fiscalía comunicó su rechazo a que fuese el Alto Tribunal valenciano el que investigase la querella, mientras que por contra, el PSPV creía que no había impedimento para que el tribunal valenciano pudiera hacerlo.