Un diario podrá divulgar en los próximos días detalles hasta ahora desconocidos sobre el estado de las finanzas de la Corona.

No afectará a España. No afectará al rey Juan Carlos. La noticia se anunció a finales de diciembre en Reino Unido. El periódico The Independent divulgará, si no prospera ningún recurso, la correspondencia entre el Palacio de Buckingham –la residencia de la reina Isabel II– y el Gobierno. Más de cien cartas y documentos que acreditan la mala situación de las cuentas de la Corona británica y su pretensión de que los laboristas le engorden la chequera.

En España no caben paralelismos. En Gran Bretaña ha dictado la resolución el Comisionado de la Información, un organismo independiente del Ejecutivo que no existe aún en nuestro país. Aquí la Constitución ampara a Juan Carlos I. El rey, consigna el artículo 65. 1, 'recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma'. Para 2010, el monarca cobrará 8.896.920 euros, la misma cantidad que el año pasado, y 233.900 euros más que en 2008.

Joan Herrera: «La Corona sólo ganará credibilidad si gana en transparencia»

Nunca ha trascendido el desglose de los gastos de la Casa del Rey, pese a las presiones constantes de la izquierda: IU, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 'No conseguimos nada. Es como chocarte contra un muro. Pero tarde o temprano los muros caen. La Monarquía sólo ganará credibilidad si gana en transparencia', augura Joan Herrera, portavoz en el Congreso de ICV. 'No es cuestión de ideologías –aclara Gaspar Llamazares (IU)–, de republicanos o monárquicos, sino de calidad democrática'.

El Ministerio de la Presidencia, dirigido por María Teresa Fernández de la Vega, ultima una ley de acceso de los ciudadanos a la información. Contempla la creación de un órgano mellizo al británico, como ya adelantó Público el 13 de diciembre. Según fuentes del Gobierno, el borrador está 'avanzado', y por ahora 'no se recoge una referencia expresa al rey'. Ninguna protección especial, 'pero no significa que haya cambios; la ley no puede ir más allá de la Carta Magna', especifican esas fuentes.

«PSOE y PP tienen una visión anticuada de la monarquía», señala Llamazares

El rey no sólo recibe nueve millones de euros. Hay gastos que no paga y que están escondidos en los Presupuestos. Por ejemplo, los sueldos de los 127 funcionarios y ocho trabajadores eventuales que dependen de la Casa, un monto de 6.209.130 euros. La partida se recoge en el programa 911Q de las Cuentas de 2010 –Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado–, adscrito a De la Vega. El epígrafe también aparta 321.640 euros para gastos corrientes. En total, 6.530.770 euros, igual que el pasado año.

Otra factura que el monarca no sufraga son los viajes al extranjero, que abona el Ministerio de Exteriores. Para este año, se han previsto 15 desplazamientos, con un coste de 415.040 euros. Probablemente, la cifra se quede corta. Todos los años ocurre. En 2009, se reservaron 345.000 euros, y al final se consumieron 33.000 más. En 2008, el desfase fue de 180.000 euros, ya que los reyes hicieron cuatro viajes más de los 15 esperados. Precisiones, por cierto, que no hacían los Gobiernos del PP.

Juan Carlos I tampoco abona la conservación de las residencias de su familia –el Palacio Real, el de la Zarzuela, el de Marivent (Mallorca) o el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)–, propiedades todas ellas de Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Este año se han presupuestado 17,9 millones para mantener y rehabilitar palacios, monasterios y edificios. En 2009 se destinaron 20,5 millones, pero se dejaron de gastar 1,5 millones. Asimismo, los agentes encargados de la seguridad de la familia real son retribuidos por el Ministerio del Interior. Economía y Hacienda asume por su parte los gastos de coches oficiales y chóferes.

La Casa del Rey guarda silencio. 'Nos remitimos a la Constitución y a la web', contesta a este diario una portavoz. Pero el sitio en Internet (www.casareal.es) escamotea información. Apunta que con la partida de libre disposición los 8,9 millones, se afrontan las 'obligaciones económicas más directas': nóminas de la alta dirección de la Casa, gastos de protocolo, material de oficina o dietas y transporte.

También se recuerda que el monarca nombró el 24 de agosto de 2007 a un interventor, Óscar Moreno Gil, para gestionar sus cuentas. Además, los miembros de la familia real 'están sujetos al pago de impuestos, por lo que anualmente presentan y liquidan sus declaraciones del IRPF'. Todo siempre de puertas para adentro, como justifica la página web: 'Al igual que ocurre en otros órganos constitucionales –como el Congreso y Senado– y en otros países de nuestro entorno –tanto monarquías como repúblicas–, la asignación global de la Casa de S. M. el Rey no está sometida al Tribunal de Cuentas'.

Es una media verdad. Las finanzas de la familia real sueca, por ejemplo, se hallan volcadas en Internet y fiscalizadas por una auditoría externa.

El fichaje de Moreno Gil no pasó desapercibido. Ese año el diputado de ERC Joan Tardà había registrado en el Congreso una proposición no de ley para conocer la liquidación 'pormenorizada' de la Casa y 100 preguntas para arrojar 'transparencia' en la asignación de libre disposición. De nada sirvió. La Mesa de la Cámara ni las admitió a trámite. Así ha sucedido con las iniciativas similares de IU e ICV.

Año a año fracasa asimismo una enmienda a los Presupuestos de los grupos de izquierda (para las Cuentas de 2010, fue la enmienda 1.320), que persigue que los reyes, los príncipes, los duques de Palma y la infanta Elena presenten su declaración de bienes y patrimonio, como hacen los parlamentarios y los miembros del Gobierno.

Tanta opacidad, coinciden IU, ICV y ERC, daña a la Corona. 'Que la Monarquía no se modernice revela su fragilidad. El rey hace un mal negocio no facilitando sus cuentas, es un irresponsable para con su hijo, que no lo tendrá tan fácil como él', argumenta Tardà. 'El oscurantismo se volverá contra los monárquicos. Pierden autoridad', añade Joan Herrera. Aunque la culpa no recae sólo en el rey. Como indica Llamazares, 'PSOE y PP son más papistas que el Papa, tienen una concepción anticuada de la Monarquía'. Les atrapa el 'vértigo', indica el diputado de Esquerra.

PSOE y PP eluden hacer declaraciones. Y el Gobierno se remite a la Constitución y a la ley que está redactando. Se fijará en la Convención de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, suscrita en junio de 2009 por 12 de los 47 países miembros. No por España.

El documento serviría una coartada al Gobierno. En su artículo 3, incluye esta cláusula: los Estados que lo firmen 'podrán incluir' entre las limitaciones a la transparencia 'la comunicación' del Ejecutivo 'con la familia real y su Casa'.

'La información del gasto de dinero público debe ser de dominio público, incluso cuando el poder y el dinero pasan por la Corona, que tiene un rol importante en proteger la democracia española –aduce Helen Darbishire, directora ejecutiva de la ONG Access Info Europe–. Las excepciones, contadas: para salvaguardar la privacidad o la seguridad del país'.

La 'anomalía' de la opacidad de la Monarquía 'morirá'. Herrera lo afirma convencido. Y resopla. La noticia de Reino Unido insufla oxígeno, pero aquí no basta. Aún no es hora de pedirle cuentas al rey.

El ‘no’ del Congreso: abril y mayo de 2007 // Por dos veces, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y CiU, rechazó tramitar las iniciativas de ERC pidiendo mayor transparencia en la Casa Real agarrándose a la inviolabilidad del rey.

La negativa del TC: 22 de diciembre de 2008 // Ante el “atropello” de la Mesa, Tardà acude en amparo al Tribunal Constitucional, que un año más tarde rechaza la admisión a trámi-te porque ERC “no justificó la especial trascendencia constitucional” del recurso. Hubo un voto particular del magistrado Pablo Pérez Tremps.

La vía europea: posible fallo en primavera // Tardà recurrió en 2009 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: “Esperamos fallo en primavera. Estamos en impasse. Si no ganamos, será un fiasco, un mazazo contra la transparencia”.