El anuncio por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que ETA puede estar preparando un secuestro han levantado polvareda entre los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles, pero también entre la clase política: PNV, UPyD y Ezker Batua (EB) han criticado al ministro por sus palabras. 

Todos coinciden en calificar de 'inoportunas' las declaraciones de Rubalcaba y algunos sindicatos policiales incluso le reprochan que se hayan enterado de esa 'posible situación excepcional' por los medios de comunicación.

Además de estos colectivos, también se han pronunciado al respecto, en declaraciones a Efe, los escoltas: al presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, le parece 'terrible' la advertencia del titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque les 'ha puesto en un estado de alerta tremendo', sin haberles dado, dicen, información previa.

Mientras, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) cree que la advertencia pública de Pérez Rubalcaba ha dado 'protagonismo a la banda y la ha situado en primera página, cuando nadie hablaba de ella', tal y como ha señalado su secretario de comunicación, Jose María Benito.

El SUP no duda de que la Presidencia española de la UE sea un 'buen escaparate' para que la banda 'se quiera hacer notar', como en otras fechas en las que las Fuerzas de Seguridad son alertadas de posibles acciones terroristas, pero cree que advertir de esa posibilidad en los medios de comunicación 'no es lo más oportuno, ni el lugar adecuado para avisar a los sectores más sensibles'.

El portavoz del SUP añade: 'sabemos que todos podemos ser objeto de un atentado y no hace falta advertirnos'.

También la Confederación Española de Policía (CEP) recrimina a Rubalcaba que algunos de los colectivos que pudieran verse afectados por un secuestro 'se hayan enterado a través de la prensa', porque según su secretario general, Ignacio López, hasta ayer por la tarde no se había alertado a distintas unidades antiterroristas de esa 'posible situación excepcional'.

Lo que ha generado la advertencia del ministro, según la CEP, es una 'enorme preocupación ciudadana', que se podía haber evitado si se hubiera realizado 'con las cautelas debidas' y 'no saliendo al escenario'.

Por su parte, Jose Antonio Calleja, secretario nacional de comunicación del Sindicato Profesional de Policía (SPP), ha asegurado que a algunos compañeros se les han dado instrucciones verbales para que extremen las medidas de autoprotección, aunque 'no se ha recibido nada por escrito' de la posibilidad de un secuestro.

'Lo primero sería informar a los interesados', ha subrayado Calleja, que ha criticado que se haya dado 'una publicidad extra a la organización terrorista cuando estaba un poco fuera de los medios, y de buenas a primera salen y son primera página'.

También el secretario de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, considera que se 'ha dado alas' a ETA y 'se ha metido miedo a la población y a los posibles colectivos afectados, con los que se tenía que haber puesto en contacto para que aumenten el nivel de seguridad'.

Delgado ha hecho hincapié en que es 'inoportuno por parte de un ministro esas declaraciones públicas' porque 'es el último que tiene que dar ese mensaje directamente a la ciudadanía'.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka dijo que las administraciones 'no están para provocar la alarma en la población y, menos aún, para jugar con datos reales o ficticios que puedan permitir poner en marcha operaciones propagandísticas'.

Erkoreka insistió en ser 'cauto' y afirmó que si el Ministerio del Interior 'tiene realmente información' que apunta a la hipótesis de un posible secuestro, 'lo que debería hacer es actuar en consecuencia con toda la eficacia de la que sea capaz para impedir que los delitos que dicen que se pueden producir próximamente se produzcan realmente y hacerlo con discreción, silencio y mucho tiento a efectos de no generar alarmas innecesarias ni provocar debates sociales que serían probablemente contraproducentes', concluyó.

La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, también criticó a Rubalcaba, al que tachó de 'propagandista' de posibles atentados de ETA. En declaraciones a Servimedia, Díez afirmó que 'resulta sorprendente que el ministro del Interior se convierta en anunciador de lo que prepara ETA. Me parece algo bastante inaudito, no es propio'

La parlamentaria señaló que 'el Ministerio del Interior lo que hace es trabajar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar los atentados', pero no los va anunciando.

Por parte de Ezker Batua, el coordinador general de esta formación, Mikel Arana, consideró una 'auténtica irresponsabilidad' que el ministro de Interior alerte públicamente sobre el riesgo de un gran atentado y ha añadido que 'hay otros cauces' para transmitir esta información a los directamente interesados.

ETA ha ingresado 5.718.500 euros en secuestros y extorsiones desde los años noventa, según se refleja en un estudio elaborado por la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige el profesor Mikel Buesa.

La cátedra que dirige Buesa ha concluido recientemente la última edición, correspondiente a diciembre, del informe titulado 'El coste económico de la violencia terrorista: el caso de ETA y el País Vasco'. En este estudio se alude al dinero obtenido por los etarras en secuestros y extorsiones.

En el estudio de la Complutense, al que ha tenido acceso Servimedia, se explica que la 'economía depredadora' de ETA se nutre 'de cinco fuentes principales: la extorsión, la captación de subvenciones públicas, los negocios de apariencia legal, el saqueo y el fraude y la participación en tráficos ilícito'.

La investigación añade que 'la extorsión ha sido practicada por ETA, de manera sistemática, desde la década de los setenta. Su objetivo ha sido la obtención de pagos en dinero, principalmente de los empresarios, mediante las amenazas y, en ocasiones, el secuestro'.

La estimación de Buesa es que de 1993 a 2002 el entramado etarra logró por eXtorsiones y secuestros 3,7 millones de euros. Asimismo, en el período 2002-2008 el conglomerado etarra habría logrado por este concepto 1,9 millones de euros.