La forma en que llegó el desenlace del caso Haidar, el pasado jueves, levantó sospechas de inmediato. El Gobierno emitió un comunicado ese mismo día con esta aclaración: 'Mientras se resuelve el contencioso, en conformidad con la posición de Naciones Unidas, España constata que la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental'. Desde entonces, la polémica por la inclusión del término 'constatar' no ha cesado.

Y por eso ayer, el departamento de Miguel Ángel Moratinos difundió un informe, de dos folios y siete puntos, elaborado por los letrados del Ministerio. En él se sostiene que la nota del 17 de diciembre 'no puede entenderse, en ningún caso, como un reconocimiento de soberanía ni de derecho alguno de Marruecos sobre el Sáhara Occidental'.

El Gobierno especifica que simplemente 'se constata un hecho que es, además, evidente para cualquier persona que siga de cerca' el conflicto, y es que Rabat actúa como 'potencia administradora de facto' del Sáhara y que su legislación se aplica en el territorio. Una apreciación que también reconoció la ONU de modo 'incuestionable' en un informe de 2002. Por tanto, sigue el documento de Exteriores, 'dicha constatación no implica ninguna valoración sobre la legalidad o legitimidad de la aplicación de la ley marroquí en el Sáhara Occidental'. Por último, el Ejecutivo recuerda que el dominio de Rabat sobre El Aaiún es 'temporal', hasta que se resuelva el conflicto. 'El Gobierno reconoce explícitamente que hay una controversia', zanja.

La posición de España quedó reflejada en el texto. Y nada más que ahí, porque Moratinos, en su comparecencia de ayer en el Congreso, prevista para hablar de Oriente Próximo y Cuba, ni siquiera aludió al informe. Sí se ofreció a dar todos los detalles del caso Haidar en el siguiente periodo de sesiones, a partir de febrero de 2010. El PP, que había acusado al Ejecutivo de plegarse ante Marruecos, no mentó el asunto.