Más de 200 ayuntamientos de Castilla y León han iniciado una batalla en contra del reparto de ayudas del denominado Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) diseñado por la Junta que preside el conservador Juan Vicente Herrera. Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los ayuntamientos en pie de guerra son del PP y que la revuelta habría sido gestada desde el propio partido.

El pasado día 7 finalizó el plazo de presentación de alegaciones a este programa que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Pendiente todavía de un recuento definitivo de los datos, la primera conclusión que se extrae es que de las 250 alegaciones recibidas del conjunto de España, 220 (el 88%) provienen de esta comunidad autónoma, según los datos a los que ha tenido acceso Público. De estas, 170 son idénticas en su redacción, ya que sólo cambia el nombre del ayuntamiento y el alcalde que la suscribe.

El 88% de las quejas ante el Ministerio son de Castilla y León

Mediante este programa de ayudas se pretende la puesta en práctica de un conjunto de medidas que supongan un impulso para el desarrollo en las zonas rurales, sobre todo en las que padecen un grado mayor de atraso. Se desarrollará entre el periodo 2010-2014 e incluye una previsión total de inversión de 2.580 millones de euros.

Fue el pasado mes de febrero cuando el citado ministerio y las comunidades autónomas aprobaron los criterios de calificación de aquellas zonas que podían beneficiarse de este programa. Después, a cada comunidad autónoma le correspondió, en base a estos criterios, elaborar un listado con las zonas que iban a acogerse a este plan.

A tenor de las más de 200 alegaciones presentadas por ayuntamientos castellano leoneses excluidos de las zonas de aplicación, Juan Vicente Herrera tiene un problema interno en su comunidad. Fuentes conocedoras del proceso entienden que tras las cifras, inéditas en cualquier otra comunidad, podría esconderse la falta de un proceso democrático a la hora de decidir qué ayuntamientos se benefician y cuáles no.

La situación se torna aún más delicada para la Junta de Castilla y León si se tiene en cuenta de que de las más de 200 alegaciones al proceso presentadas en la comunidad, 170 están redactadas de la misma forma (ver documento que acompaña a esta información). Por medio de este formulario, regidores de ayuntamientos de Castilla y León lamentan ser excluidos del listado de los municipios a revitalizar dentro de este programa de desarrollo.

En cuatro documentos aparece el fax del PP de Burgos

Pero la coincidencia no acaba aquí. En cuatro de estas 170 alegaciones sus autores se olvidaron de borrar en el encabezamiento un número de fax y el nombre del emisor: el PP de Burgos. Público intentó ayer sin éxito obtener la versión de los conservadores de esta provincia.

Mientras, fuentes del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León aseguraron ayer que las quejas de los ayuntamientos de Castilla y León no van directamente dirigidas a Juan Vicente Herrera, sino a la forma en la que se ha puesto en marcha este plan.

En primer lugar consideran que las 220 alegaciones 'justifican la deficiencia de la ley' que lo regula. En segundo, se lamentan de que la cuantía 'es insuficiente'. 'No se corresponde con el objetivo de conseguir un desarrollo rural porque las cuantías son simbólicas', explican las mismas fuentes. Los conservadores se lamentan de que 'el reparto de fondos está deficientemente hecho. Nosotros representamos el 20% de los municipios de España y luego no tenemos esa ventaja', añaden. No obstante, según fuentes del proceso, esta comunidad es, con un 17,4% de los fondos, la más beneficiada.

Por último, desde el grupo parlamentario popular de las Cortes de Castilla y León ponen la pelota en el tejado del ministerio: 'Los criterios establecidos para asignar las zonas son un punto de partida que deja poco margen a las comunidades'.

Dado que fue la Junta la encargada de hacer la demarcación territorial de los municipios beneficiarios de este programa, el paso lógico es que la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural remita estas quejas a la consejería autonómica correspondiente.