Nada nuevo bajo el sol de los obispos: las razones de la crisis no son económicas; hay que buscarlas en la 'pérdida de valores morales' y en las políticas antinatalistas del Gobierno, que tendrán consecuencias económicas en las próximas generaciones. Así lo afirma la Conferencia Episcopal Española en su Declaración ante la crisis moral y económica, un documento presentado este viernes y que ya fue aprobado en el transcurso de la última Asamblea Plenaria, celebrada hace unos días en Madrid.

Los mitrados españoles citan 'la falta de honradez, la codicia —raíz de todos los males— y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada' como causas de la crisis y enumeran entre las víctimas principales a las familias, sobre todo las numerosas, los jóvenes, los desempleados, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y ganaderos y los inmigranes.

Ante esta situación, los obispos se convierten en los adalides de la solidaridad con los más afectados, porque 'la pobreza y el desempleo degradan la dignidad del ser humano' y aprovechan para criticar las 'políticas antinatalistas' del Gobierno, lo que consideran 'pernicioso' desde el punto de vista económico para las futuras generaciones de españoles.

En esta declaración —dividida en cuatro apartados ('Causas y víctimas de la crisis', 'No hay verdadero desarrollo sin Dios', 'Estamos llamados a tomar decisiones y a aliviar la miseria' y 'Nuestro compromiso permanente como Iglesia') y nueve puntos a lo largo de una veintena de páginas— los prelados señalan que la crisis económica debe ser una ocasión de 'discernimiento y de actuación esperanzada' para cada ser humano, para los responsables públicos y para las instituciones que pueden contribuir a una salida de ella. Pero, sobre todo, 'debería ayudarnos a poner en Dios la referencia verificadora de actitudes y comportamientos'.

'Es urgente un discernimiento sobre las decisiones de gasto tanto de los poderes públicos como de las familias y de cada uno en particular', señala la CEE en esta última ponencia sobre la crisis económica, a la luz de la Encíclica del Papa Benedicto XVI 'Caritas in Veritate'.

A lo largo de este trabajo, arremeten contra dos de las leyes del Gobierno: la recién aprobada Ley de Extranjería y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en trámite parlamentario.

A su entender, la primera norma 'restringe derechos que afectan decisivamente a la dignidad (de los inmigrantes) como personas' y ante la segunda —que no citan directamente—, opinan que la aspiración ha de ser la de 'lograr un desarrollo integral' que 'requiere una renovación ética de la vida social y económica que tenga en cuenta el 'derecho a la vida''.

El desarrollo, según constatan en el texto, 'es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común'.

En este sentido, apuntan a 'un mayor compromiso en el mundo de la educación y en la vida pública, para erradicar en todo momento la corrupción, la ilegalidad y la sed de poder'.

El texto, presentado hoy en rueda de prensa en Madrid, fue puesto sobre la mesa de la Asamblea Plenaria, celebrada entre el 23 y el 27 de noviembre pasados en la Casa de la Iglesia, de la mano del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García Aracil.

El objetivo de la Iglesia española al publicar esta declaración es 'transmitir una palabra de aliento y de esperanza' y, a la vez, animar a los cristianos y a todos los hombres 'a discernir el momento presente y a comprometerse con generosidad y solidaridad'.

Se trata, constatan, de una reflexión en el marco de su misión pastoral, un 'juicio moral' para 'encontrar el camino adecuado para su solución', por lo que no plantean 'soluciones técnicas'.

Aunque sí encuentran una solución moral: 'No hay verdadero desarrollo sin Dios'. Los obispos creen que 'el desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común', aseveran los obispos en la segunda parte de la ponencia.

Pero esto, destacan en la declaración, demandan un mayor compromiso en el mundo de la educación y en la vida pública, para erradicar en todo momento la corrupción, la ilegalidad y la sed de poder'.

'Queremos finalizar esta declaración haciendo una llamada a las comunidades cristianas y a todos los hombres y mujeres que deseen unirse en un compromiso decidido para salir de la crisis, sabiendo que es prioritaria la conversión del corazón para obtener los cambios sociales', exhortan para concluir.

En cinco breves puntos piden: tomar conciencia del sufrimiento de los demás y un compromiso más solidario de todos, especialmente de los que tienen más capacidad; discernir sobre las decisiones de gasto tanto de los poderes públicos como de las familias y de cada uno en particular; fomentar la responsabilidad hacia el bien común y hacia las víctimas más afectadas; y promover actitudes cristianas para compartir sus bienes.

'Aun cuando la responsabilidad primera de promover soluciones para salir de la crisis le corresponde a los poderes públicos, sin embargo será preciso también que como Iglesia samaritana colaboemos con otras instituciones y organizaciones sociales en la solidaidad con las víctimas de la crisis', finaliza el texto.