'El pecado es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias, no en el del ordenamiento jurídico'. Sobre la base de esta premisa, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó ayer de manera tajante cualquier intento de 'injerencia' de la Iglesia Católica, o de cualquier otra confesión, en la regulación del aborto.

La vicepresidenta contestó desde la mesa del Consejo de Ministros a la declaración del portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Rafael Martínez Camino, que poco antes había insistido en la crítica a la reforma de la Ley del Aborto. De la Vega reiteró que 'los poderes públicos actúan con independencia de las confesiones religiosas' y dijo que esto es algo que losobispos 'saben muy bien'.

Los parlamentarios católicos que dieron un sí a la Ley no podrán comulgar

'La Iglesia tiene todo el derecho de opinar en los debates sociales, pero es al Gobierno y al Parlamento a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollarlas, sin injerencias de ningún tipo', subrayó.

De la Vega insistió en que la reforma de la ley para la despenalización del aborto, que el jueves superó su primer trámite parlamentario, tiene por objeto establecer garantías para toda aquella mujer que desee interrumpir su embarazo y para que pueda hacerlo con plena seguridad jurídica.

En cualquier caso, dijo que 'nadie que no quiera abortar o practicar un aborto está obligado a hacerlo'. 'Estamos haciendo las cosas como procede y donde procede en democracia', reiteró.

'Tendrán que decir públicamente que se arrepienten', amonestó Camino

Los obispos condenan a los políticos católicos que voten a favor de la Ley del Aborto. Las amenazas de Camino fueron asumidas por los obispos, que en una nota recalcaron que aquellos que den su aprobación a la futura normativa, 'se ponen a sí mismos públicamente en situación objetiva de pecado y, mientras dure esa situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión'.

La justificación de esta condena no está en el magisterio oficial de la Iglesia la Evangelium Vitae de Juan Pablo II y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia avalan la postura de los católicos que voten estas leyes si el objetivo es reducir el número de abortos, sino en una carta escrita por el actual Papa cuando era presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aquí se afirma que el sacerdote habrá de advertir al perjudicado de que 'no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que lleve a término la situación objetiva de pecado, y advirtiéndole que de otra manera se le negará la Eucaristía'.

Un castigo que, como aclaró en un acto público Camino, no es eterno, pero que sólo se revertirá cuando estos 'se confiesen y reparen públicamente el mal causado'. Después, aclaró que 'tendrán que decir públicamente que se arrepienten de lo dicho y de lo que hubieran votado'.

'No están excomulgados, están en situación objetiva de pecado', aclaró Camino, quien incidió en que esta postura 'no es nueva, existe desde siempre'. Sin embargo, el obispo no quiso aclarar si afecta a aquellos que votaron la norma en 1985 o a los que la aplicaron hasta hoy. Tampoco, si se sancionará a aquellos presbíteros u obispos que continúen dando la comunión a sus fieles pecadores.

'Los sacerdotes saben lo que tienen que hacer. Nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a este proyecto de ley', que 'constituye un serio retroceso respecto de la actual ley despenalizadora, ya de por sí injusta', añadió.

Pese al mensaje negativo, los obispos incidieron en que su postura es 'la del sí a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos que tienen derecho a nacer; por el sí a una adecuada educación afectivo-sexual que capacite el amor verdadero; por el sí a la mujer gestante, que ha de ser eficazmente apoyada en su derecho a la maternidad; por el sí a las leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con el derecho'.