La educación laica fue la principal víctima de la universalización de la educación en España. La ley de enseñanza de 1970 reconoció por primera vez la doble red de centros que permite a las entidades religiosas educar con dinero público. Y el PSOE entendió en la década de 1980 que el sistema de conciertos era la única alternativa rápida para garantizar la gratuidad universal de la educación básica. Pero el sistema ha sido al mismo tiempo la mejor garantía de las entidades con ideario católico para hacerse indispensables. Los colegios religiosos copan hoy dos tercios de los conciertos.

La Constitución reconoció en 1978 el derecho a la 'libre elección de centro' en su artículo 27 y las sucesivas leyes educativas han otorgado a los centros concertados un papel subsidiario a los públicos. Décadas después, los colegios religiosos concertados educan a más de la mitad de los alumnos en comunidades autónomas como Euskadi y Madrid.

El sistema de conciertos supuso el sacrificio de la enseñanza laica

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) escolariza a 1.122.050 alumnos. Algunos colectivos lo ven como una malversación de su papel subsidiaro del servicio público.

Las bases para el futuro pacto educativo que el Gobierno ha propuesto al PP no discute en ninguno de sus puntos el papel de la escuela concertada. Sin embargo, algunos colectivos claman contra ese sistema de doble red.

IU pide directamente su remodelación, con el argumento de que el desarrollo del sistema ha conllevado una 'segregación' del alumnado. Una moción registrada en junio de 2008 en el Congreso por Gaspar Llamazares denunció la 'concentración en los centros públicos, carentes de los medios necesarios, del alumnado con más dificultades'.

El 82,7% de los alumnos inmigrantes va a un centro público

El secretario general de la federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, cree que éste es el momento de 'buscar herramientas que equilibren el sistema y acaben con la competencia desleal de los centros que, si bien se financian con dinero público, no cumplen con las mismas obligaciones de admisión de alumnos que los centros públicos'. El sindicato denuncia, por ejemplo, que muchos alumnos inmigrantes no pueden acudir a los centros concertados porque incluyen actividades de pago.

El sindicato UGT reclamó el pasado jueves que el pacto establezca medidas para 'la distribución homogénea, efectiva y real de todo el alumnado con necesidades educativas entre todos los centros sostenidos con centros públicos'.

Los últimos datos del Ministerio de Educación revelan que, en el presente curso 2009/2010, el 82,7% del alumnado inmigrante generalmente necesitado de más apoyo se matricula en centros públicos.

Ambos sindicatos son conscientes de que el debate religioso podría acabar con cualquier posibilidad de pacto, ante la previsible intransigencia del PP con el tema.

El colectivo Europa Laica reclama en cambio la equiparación al resto de la UE, donde ningún centro financiado por los impuestos tiene un ideario 'religioso o ateo'.