El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra (Suiza) a tres familias de represaliados por el franquismo. Este organismo, que hasta ahora sólo se ocupa de ejecuciones a partir de 1945 año en que se fundó la ONU, se limitó a escuchar sus testimonios y el del letrado que los representa, Pablo Gutiérrez Vega. 'Este criterio no está en ningún reglamento, por lo tanto se puede cambiar', afirmó.

A esta vía se puede acudir 'sin necesidad de agotar las vías judiciales internas', explicó el abogado, que también es profesor en la Universidad de Sevilla. Los casos de María Josefa Cano (Sevilla), Melitón Corral (Avilés) y Martín Márquez Navarro (Almería) ya han sido denunciados a la Justicia en España. Por ahora, están a la espera de juicio.

El cauce que deja abierto la ONU permite exponer el caso a un grupo de trabajo que no tiene valor vinculante, pero sí un altísimo valor a nivel moral para pedir cuentas al Gobierno, según expertos consultados por este diario. Ayer, el grupo de la ONU sólo se dedicó a escuchar pero, 'de admitir el caso, se pondría el foco en la situación que vive este país con la memoria histórica', dijo Gutiérrez Vega.

No es la primera vez que familiares de represaliados optan por este camino. El grupo de la ONU ya permitió en 2002 presentar 64 casos, de los que sólo aceptaron dos (posteriores a 1945). De ellos, sólo uno se ha investigado, apuntó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.