El PNV no piensa tirar la toalla antes de sentarse a negociar las diez condiciones (en clave de enmiendas) que pondrá hoy sobre la mesa para respaldar la reforma del aborto impulsada por el Gobierno. El presidente del partido nacionalista, Iñigo Urkullu, insistió ayer en su advertencia al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a ser consciente de que puede contar con otros 'socios'.

El portavoz nacionalista en el Congreso, Josu Erkoreka, explicó la propuesta que pretende negociar con el Gobierno socialista y que se sintetiza, básicamente, en cinco grandes demandas: que las menores de edad embarazadas deban comunicar su estado a sus padres o tutores; que se reconozca el derecho de objeción de conciencia a los profesionales sanitarios; que la nueva ley sea lo más 'aséptica' posible desde un punto de vista ideológico; que se salvaguarden las competencias de las comunidades autónomas; y que se concreten más los requisitos a cumplir por un centro sanitario para poder atender abortos.

'Hemos llegado a la conclusión de que hemos de presentar una serie de enmiendas al proyecto de ley que intenten mejorar la regulación no solamente existente, sino el proyecto que el propio Gobierno español plantea', manifestó Urkullu durante el acto organizado ayer en la sede del PNV en Bilbao (Sabin Etxea) para dejar clara de forma oficial la posición de los nacionalistas.

Además de marcar su posición y desgranar una a una cada enmienda, la comparecencia de ayer del PNV tenía un segundo objetivo: los nacionalistas querían incidir en su explicación de por qué están dispuestos a respaldar en principio esta reforma, ante las críticas recibidas desde algunos sectores conservadores, incluida la Iglesia vasca.

'Hemos llegado a la conclusión de que hemos de presentar una serie de enmiendas'

El bloque de enmiendas, cuatro de las diez, más amplio está dirigido a evitar que la nueva Ley del Aborto se apruebe sin tener en cuenta las competencias de las autonomías en materia sanitaria. En este sentido, el PNV plantea, entre otras cuestiones, que los gobiernos autonómicos puedan intervenir también en la elaboración del Plan Estratégico para la salud sexual y reproductiva.

A priori, el punto que más fricción puede suscitar en la negociación es el relativo a la edad en que las jóvenes embarazadas deban comunicar su estado a sus padres antes de abortar.

Josu Erkoreka afirmó que debe constar 'inequívocamente' esa comunicación a los padres o tutores en el caso también de las mayores de 16 años. Esta condición choca con la idea del Gobierno, que plantea que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin tener que informar a sus padres previamente.