Un fracaso en la negociación entre el PP y el PSOE podría dar al traste con el estatuto del docente y con el impulso económico que los sindicatos piden para relanzar la educación pública. El secretario general de la Enseñanza en CCOO, José Campos, confía en que el acuerdo facilite un problema que, a su juicio, lastra la mejora de la educación: 'La coordinación de las comunidades autónomas'.

¿Cuál es la principal reclamación para el pacto?

El estatuto del docente. No puede ser que no exista una carrera profesional que reconozca los méritos del profesor e incentive los ascensos.

¿La demanda se refiere sólo a un incremento salarial?

No. Estamos dispuestos a renunciar al incentivo salarial con tal de que salga adelante. Si no se hace este año, no se hará nunca, porque las comunidades están elaborando sus propios cuerpos docentes sin contar con un marco común de derechos y deberes. Si no se aprueba uno común, habrá que negociar 17 diferentes.

¿El estatuto reforzará la autoridad?

Hay un déficit de autoridad y orden en la familia. La escuela es un crisol de la sociedad, pero el problema viene de las familias.

¿Ayudará la ley de autoridad de Madrid?

Utilizar la autoridad para tapar la falta de inversión en la escuela pública es deleznable. Hablemos de ratio de alumnos por clase, orientadores, clases de refuerzo... La tarima, la ley y el 'don' sin eso no sirven.

¿Servirá el plan Escuela 2.0 para reformar métodos pedagógicos?

Antes de lanzar el plan advertimos de que era mejor no ser tan ambiciosos en el material e invertir más en la formación de los profesores.

Insisten al Gobierno en que suba la inversión al 7% del PIB, pero el ministerio apenas pone el 10% de la inversión total.

Es una referencia y este año ha subido. Si las comunidades hicieran un esfuerzo similar, llegaríamos al 6% del PIB, que es lo que invierten los países de la OCDE. Por eso es tan importante que en el pacto se incluya un compromiso de financiación.

El PP podrá entregar ese dinero a la concertada.

La ley lo permite. Exigimos mecanismos que eviten la competencia desleal que la concertada hace a la pública y a la privada 100%. Las redes, pública y concertada, tienen que tener los mismos derechos y deberes. No puede ser que los centros concertados escojan a sus propios alumnos y cobren por otro lado mientras reciben dinero público. O se consigue un acuerdo en esto o la educación pública se convetirá en un gueto.