Beatriz y Noemí sienten indignación cuando escuchan que los padres no pasan tiempo suficiente con sus hijos y apenas participan en su educación. Ambas son madres y atienden el teléfono de emergencias del Organismo Autónomo 112 que depende del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Como otras seis compañeras, llevan casi dos años inmersas en una batalla judicial con la Comunidad de Madrid para que cumpla la Ley de Conciliación Laboral y Familiar.

Antes de quedarse embarazadas, trabajaban en turnos alternos de mañana, tarde y noche. Cuando dieron a luz, al igual que hicieron sus seis compañeras, pidieron una reducción de jornada y una concreción horaria, acogiéndose a los derechos garantizados por esta ley. El organismo público les negó la posibilidad de reducir su jornada laboral y fijar un horario determinado. Las madres denunciaron el caso y a seis de ellas, incluidas Beatriz y Noemí, el Juzgado de lo Social les dio la razón.

El 112 recurrió las sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuentes del organismo insisten en que este 'es un servicio de emergencias que funciona 365 días al año las 24 horas del día y el turno de estas trabajadoras es de mañana, tarde y noche'.

'Si mantenemos el horario que estipula el contrato, cuando tenga turno de tarde el horario me condena a no ver a mis hijos en semanas', se queja Beatriz, mientras repasa las dificultades que padeció para que sus hijos no se quedasen solos en casa. 'No tengo abuelos que vayan a por los niños al colegio y cuando tienes que pedir más de tres veces a la madre de un compañero que recoja a tu niño, se te cae la cara de vergüenza', añade.

Noemí matiza que no piden privilegios. Simplemente cree que 'los niños tienen que seguir unos horarios'. 'Nosotras tenemos derecho a poder organizar nuestra vida, a estar con ellos, llevarle al pediatra y atenderles', reivindica.

Una vez que el 112 tuvo que acatar las sentencias, comenzó la siguiente etapa de la batalla judicial. Ahora el organismo les ha quitado los pluses de turnos y de disponibilidad, lo que supone una reducción salarial de unos 600 euros al mes, un tercio de su sueldo.

Fuentes del 112 afirman que les eliminaron los pluses tras consultar a los servicios jurídicos autonómicos, y justifican: 'Un juez ha limitado su horario y, por tanto, no pueden acudir al trabajo fuera de su turno'. Las trabajadoras alegan que nunca se han negado a acudir al trabajo en caso de emergencia, lo que por otro lado no ha sucedido en los más de siete años que llevan trabajando.

No entienden que la Comunidad de Madrid permita que uno de sus organismos incumpla la misma Ley de Conciliación que exige cumplir a las empresas privadas. Aseguran que han notificado su caso a la Consejería de Presidencia de Madrid, pero que no han recibido ninguna respuesta al respecto.