No busquen sentencias sobre jueces que devuelven informes policiales porque no las hay. Nadie lo hace'. El autor del consejo, un magistrado de larga trayectoria que pide expresamente el anonimato, conviene en que hay una excepción: Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia, el juez con quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dijo tener 'una íntima y sentida relación', tan íntima que la palabra amistad quedaba corta.

¿Prevaricó De la Rúa al mantenerse al frente del sumario por cohecho contra Camps, dar luego carpetazo al caso y quitarse finalmente de encima la molesta pulga del informe policial, que apunta a la financiación ilegal del PP valenciano y señala entre los presuntos implicados al aforado Ricardo Costa? Iniciativa del Poble Valencià, que el viernes denunció al juez ante la Fiscalía General del Estado, cree que sí.Y, en privado, muchos juristas de prestigio opinan lo mismo, aunque consideren difícil probarlo.

Todos los sondeados los que hablan con nombre y apellido y los que han exigido reserva de identidad coinciden en que la actuación de De la Rúa ha extendido la sombra de la desconfianza en la justicia. Tomadas por separado, precisan los expertos, resulta difícil endosar la etiqueta del delito a cada una de sus decisiones. Pero el retrato global no presenta al magistrado como una nueva versión de la mujer del César: aquella que, amén de ser honrada, debe parecerlo.

'Hay una falta de decoro intolerable', exclama el catedrático sevillano Ángel López

La clave, sostienen los consultados, no estriba en la posibilidad de que el juez incurriera en un delito de prevaricación judicial dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es o en otro de omisión del deber de perseguir los delitos que acarrea penas de inhabilitación al desechar el informe policial en lugar de incluirlo en el sumario de cohecho o abrir nuevas diligencias. La clave, subrayan los juristas, es el 'grave daño' que la actuación de De la Rúa y los miembros de su Sala inflige a la imagen de la Justicia como ente ajeno a filias, fobias e intereses. El mazazo lo recibe el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. De la Rúa, concluyen, debió abstenerse.

En la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay, desde el 5 de agosto, una denuncia contra De la Rúa por no abstenerse. La formuló el abogado José Luis Mazón. El letrado no se anda por las ramas: 'En una justicia desacreditada y asilvestrada como la nuestra dice la denuncia, las normas de ética disciplinaria no se aplican ni se exigen cuando los presuntos infractores son personajes influyentes'. El Consejo no sabe cuándo emitirá su dictamen. 'Está en estudio', dijo el gabinete de prensa.

'Se está creando una zona de impunidad', dice el constitucionalista Francisco Balaguer

El argumento airado de Mazón enlaza con el diagnóstico de Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada: 'En Valencia se está creando una zona de impunidad'. 'El de Camps coincide Víctor Moreno, catedrático de Derecho Procesal en la Carlos III de Madridno es el primer caso en Valencia donde hay cargos políticos imputados y las imputaciones no prosperan, y ahí está el caso Fabra o el de Díaz Alperi'. 'Hay una falta de decoro intolerable', resume Ángel López, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla y ex presidente socialista del Parlamento andaluz. Los tres sostienen que De la Rúa debió abstenerse. Incluso Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada asociación judicial Francisco de Vitoria, se inclina por esa opción. Irse a un mitin electoral del PP y, por si quedaban dudas, aplaudir al orador Camps 'es más que una apariencia' de amistad, dice Sexmero.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional está cuajada de invocaciones a la necesidad imperiosa de que el juez no sólo sea imparcial sino que lo parezca. Y no hace falta hurgar en los archivos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para encontrar la doctrina sobre esa materia: la citó el PP en su recurso de febrero para que el juez Baltasar Garzón abandonara la instrucción del caso Gürtel.

En ese documento aparecen tres frases escritas por el TEDH en otras tantas sentencias y que forman parte de la biblia jurídica europea. La primordial, esta: 'Todo juez del que pueda dudarse de su imparcialidad debe abstenerse'. Las otras dos completan la máxima anterior: 'Incluso las apariencias pueden revestir importancia'; y 'no sólo debe hacerse justicia sino parecer que se hace'. Tras recibir del instructor del caso, José Flors, un auto que argumentaba de manera nítida la existencia de cohecho y optaba por abrir juicio, De la Rúa se las apañó para dar cerrojazo. Exactamente, lo que querían los implicados: Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Como ahora subraya la Fiscalía en su recurso ante el Supremo, De la Rúa usó de modo sesgado dos sentencias del Supremo, de forma que la acusación de cohecho impropio -aceptar regalos otorgados en función del cargo- quedara en agua de borrajas.

¿Por qué ni la Fiscalía ni el PSOE, que ejerce en el caso la acusación popular, recusaron a De la Rúa? Un reputado jurista aventura que por pragmatismo. 'Creyeron que el cohecho impropio, aun tratándose de un delito sin pena de cárcel, estaba tan claro que la condena le daría un susto a Camps y tendría que irse'. Fuentes socialistas confirman la teoría.

Para deshacerse del informe policial, el tribunal acudió a un doble ardid jurídico: adujo que el informe llegó el 31 de julio, cuando la Sala ya estaba deliberando sobre el archivo del caso, dictado el 3 de agosto y que, por tanto, no habría podido incorporarse. Y añadió que ya había otro tribunal, el Superior de Madrid, en posesión del mismo informe. Pero la Policía mencionaba de forma expresa a Ricardo Costa, número dos del PP valenciano y aforado en su calidad de diputado autonómico, como uno de los partícipes en el trasiego de dinero negro y facturas falsificadas. Y contra los aforados valencianos sólo puede actuar el Tribunal Superior de esa comunidad. La inacción de De la Rúa al despreciar el informe no puede impedir que se termine investigando. Pero da a Camps tiempo. Un auténtico regalo.

'De la Rúa y los otros dos magistrados de la sala, Juan Montero y José Francisco Ceres, saben que el informe volverá tarde o temprano a sus manos', desliza una fuente cercana al caso. Por eso, avisa Francisco Balaguer, 'es un error descargar todo el peso sobre De la Rúa'. El constitucionalista lo argumenta: 'Podría ocurrir que acabara yéndose y que, cuando el informe vuelva a Valencia, la Sala tome las mismas decisiones que habría tomado él'. Y al culpar sólo a De la Rúa se estaría 'legitimando' lo que en el futuro hicieran Ceres y Montero. El aviso suena profético.