Los maltratadores cuya condena es menor de dos años de prisión y, por tanto, pueden evitar el ingreso en prisión se dividen en dos grupos. Aquellos con infracciones más leves, a los que se les ofrece un curso formativo para evitar la cárcel, y los agresores que han cometido delitos más graves, para los que sólo se prevén Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).

'Es una contradicción, pero es cierto', admite Miguel Ángel Vicente, subdirector general adjunto de Coordinación Territorial y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias.

Este departamento de Interior ha iniciado los trámites para que parte de los condenados a TBC —19.950 en los primeros ocho meses del año— hagan también rehabilitación, algo que hasta ahora no ha ocurrido: sólo quienes han cometido delitos menos graves siguen programas de rehabilitación. Esta paradoja se produce a pesar de que este colectivo es el menos numeroso y en 2009 representaba sólo al 42% de los penados que evitaron la cárcel.

Esta anomalía se agrava porque la ley contra la violencia de género recoge en su artículo 35 que en los supuestos en que la prisión se sustituye por TBC, 'el juez o tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas (...)'.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recuerdan que esta norma contra la violencia machista fue concebida para que todos los condenados tuvieran acceso a rehabilitación, incluidos los internos. Estos, como los que no entran en prisión, sólo la reciben si acceden a ello.

El Código Penal exige que para realizar estos cursos es necesaria una suspensión de condena, algo que no se aplica a quienes cumplen TBC. 'No es lógico', admite una jueza con larga experiencia en la materia, 'y sería muy positivo que la norma cambiara'.

Este año ha habido en España 19.550 condenados a hacer trabajos y sin cursos de formación. Con penas más leves, 14.423 sí han podido seguir programas de rehabilitación. Catalunya no está incluida en estos datos, pero la situación es similar.

La intención de Instituciones Penitenciarias es que los penados a TBC con un perfil adecuado puedan hacer talleres de sensibilización psicoeducativos sobre 'el rol actual del hombre'. Estos cursos se dirigirán a ciertos perfiles de condenados y serán distintos a los que ya se llevan a cabo desde una perspectiva más terapéutica y clínica.

Interior ya tiene muy avanzados los trámites para modificar el Real Decreto que regula estas penas alternativas. La aprobación definitiva de la medida pasa, pues, por su aprobación en el Consejo de Ministros, algo que puede ocurrir 'a corto plazo'. De este modo, se cumplirá una máxima del ámbito judicial: 'Mucho mejor la rehabilitación que la jardinería'.