La Fiscalía de Madrid denunció ayer en el juzgado presuntas irregularidades en el servicio de proteción telemática (las conocidas como pulseras antimaltrato) a las víctimas de violencia de género de la región, que gestiona, mediante concesión, la empresa ERO&STAFF S.L.

La denuncia se dirige contra varios trabajadores de esta empresa y cuatro hombres que habrían quebrantado la orden de alejamiento de sus parejas, pese a estar controlados por este sistema GPS. La Fiscalía recibió la denuncia de una trabajadora de la empresa que acusó a algunos de sus compañeros de permitir a varios agresores quebrantar las órdenes de alejamiento de sus parejas, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban.

Las conocidas como pulseras antimaltrato, que portan los agresores, están conectadas, vía GPS, con otro dispositivo, que lleva la víctima. Cuando éstos se acercan a las víctimas, el centro de control del sistema recibe una alerta. Entonces, sus operarios se ponen en contacto con el hombre para avisarle de que está acercándose demasiado al radio de protección de su víctima. Si el agresor no hiciera caso, los operarios deberían llamar a la Policía.

Según denunció la trabajadora a la Fiscalía, varios empleados de ERO&STAFF, sabedores de que algunos agresores estaban acercándose a sus víctimas incumpliendo la orden judicial que se lo prohibía, les dieron permiso para entrar en la zona de exclusión.

Además, no pusieron en conocimiento del juez el quebrantamiento de la orden, tal y como están obligados. Sin esta información, la autoridad judicial no puede tomar cartas en el asunto y estudiar si se deben imponer medidas más restrictivas a los agresores.

Las conversaciones entre los trabajadores del sistema de protección a las víctimas y los agresores siempre quedan registradas. Gracias a ello, la Fiscalía de Madrid verificó la denuncia que había recibido. Por ello, ayer llevó el caso a los tribunales, para que el juez decida si abre una investigación para esclarecer si hubo o no hubo delito.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, responsable de este servicio de protección a las víctimas de la violencia machista, ha solicitado a la empresa un informe y las grabaciones de las conversaciones entre sus trabajadores y los agresores para conocer los hechos y esclarecer lo ocurrido, según señalaron ayer fuentes del departamento.

La Comunidad de Madrid concedió, hace dos años, la gestión del sistema a la empresa ERO&STAFF. Según explicaron en la consejería, se enteraron del supuesto delito ayer, cuando la Fiscalía hizo pública su denuncia. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con la empresa.

La Comunidad de Madrid fue pionera, en 2006, en implantar las pulseras antimaltrato. Desde el pasado 24 de julio, cuando el Ministerio de Igualdad puso a disposición de los jueces 3.000 dispositivos, las pulseras se han generalizado en todas las comunidades autónomas.