La reforma de la Ley de Extranjería sigue abriéndose paso a trompicones hacia su votación definitiva en el Congreso de los Diputados, donde se registró en junio, con seis meses de retraso. El último empujón se lo darán mañana los grupos parlamentarios de Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC). Su apoyo permitirá al Gobierno socialista salvar las enmiendas a la totalidad que presentaron a principios de verano PP, PNV y ERC-IU-ICV.

Además, los diez votos de CiU y los dos de CC darán al PSOE (con 169 escaños) la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante la Ley Orgánica. La primera votación se realizará en el mes de noviembre, según los cálculos del grupo socialista. La reforma será la cuarta que sufrirá la ley en los últimos nueve años.

El PP mantendrá su enmienda y el polémico contrato de integración

Los puntos más polémicos de la nueva ley han sido la ampliación de los plazos de retención de inmigrantes en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días y la limitación de la reagrupación familiar al núcleo familiar. CiU y CC no han mostrado excesivas pegas al respecto, pero darán su apoyo con una serie de condiciones.

'Todavía no hemos empezado las negociaciones, pero contamos con la confianza de los dos grupos', aseguró ayer la portavoz de inmigración socialista en la Comisión de Inmigración, Esperança Esteve. En CiU confirmaron que votarán en contra de las enmiendas a la totalidad, aunque presentarán algunas particulares. El plazo para registrarlas terminará la última semana de este mes.

Los diez votos de CiU y los dos de CC dan al PSOE la mayoría absoluta

Las reivindicaciones del grupo catalán pasan por que las comunidades autónomas participen más en los procesos vinculados con las reagrupaciones familiares, el arraigo y la contratación en origen, según explicó el diputado Carles Campuzano. El portavoz catalán abrió el lunes pasado un debate en su página web para debatir el texto y recoger nuevas propuestas.

En materia de competencias, Esteve aseguró que los posibles cambios se realizarán dentro de 'lo que marcan los estatutos de autonomía'. En el caso del idioma, 'hay que hacer un esfuerzo por que aprendan las dos lenguas. Sin embargo, el conocimiento o no del catalán no podrá ser excluyente', aseguró.

Desde que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció en octubre de 2008 que reformaría la ley, los canarios han sido el grupo más insistente respecto a los menores inmigrantes no acompañados. En las islas se han llegado a concentrar hasta 1.500, mientras que su Administración tiene capacidad para cerca de 500.

La votación enel Congreso se realizará en el mes de noviembre

En la última semana, los socialistas han mantenido negociaciones con los grupos parlamentarios de PP, PNV y ERC-IU-ICV para que retiren las enmiendas a la totalidad. El PP, que registró la suya a finales de 2008, es el menos partidario de dar ahora marcha atrás.

Durante los meses posteriores a la presentación del anteproyecto, a finales de 2008, el PP aseguró que existía cierta sintonía con la propuesta que los conservadores habían realizado un mes antes. En 2009 han ido distanciando su postura y han exigido endurecer más la normativa, con propuestas como prohibir por ley las regularizaciones masivas, limitar las reagrupaciones en cadena y establecer un contrato de integración para los inmigrantes. Esteve niega rotundamente la posibilidad de aprobar el contrato de los conservadores.

La votación en el Congreso de los Diputados se realizará, según las previsiones del grupo parlamentario socialista, en el mes de noviembre.

Desde que el ministro de Trabajo e Inmigración anunció la modificación de la ley hace un año (esperaba llevarla al hemiciclo antes de finalizar 2008), el texto se ha encontrado con numerosas trabas (Foro de la Inmigración, Consejo General del Poder Judicial...).

Si los socialistas reciben mañana el apoyo de CiU tal y como apuntan los grupos, la reforma estará lista para la primera votación en el Congreso de los Diputados. Tras ésta, deberá pasar por el Senado, antes de la segunda y definitiva votación en el Congreso.

El PP exige prohibir las regulaciones

El PP presentó en julio una enmienda a la totalidad de la Ley de Extranjería. Las tres principales reivindicaciones de los conservadores son prohibir por ley las regularizaciones masivas, limitar las reagrupaciones en cadena y establecer un contrato de integración para los recién llegados. “Hay que limitar las reagrupaciones en cadena para que los familiares reagrupados no puedan reagrupar a su vez a otros familiares”, reivindicó el portavoz de Inmigración en el Congreso, Rafael Hernando. Además, la Comisión Nacional de Inmigración del PP reclama que se elimine el plazo de un año de residencia en España necesario para que el cónyuge o el hijo reagrupado pueda trabajar.  Las propuestas de los conservadores chocan también con la iniciativa del Gobierno en materia de menores no acompañados: el PP demanda aumentar y priorizar las repatriaciones a sus países de origen.

Contra los 60 días de internamiento

La enmienda del grupo de ERC-IU-ICV reclama más garantías en materia de derechos humanos, derecho al voto en las elecciones generales y traspaso de competencias a las comunidades autónomas, entre otros. La ampliación de los plazos de retención a 60 días es el tema más espinoso. Durante los meses de negociación, las ONG han centrado sus críticas en este aspecto. ERC-IU-ICV también se oponen. Respecto al reagrupamiento familiar, la enmienda no acepta “el endurecimiento de los nuevos plazos para poder solicitarlo”, de cinco años para la residencia de larga duración. Además, los diez años que exige el Código Civil actual para solicitar la nacionalidad española son “excesivos”, critica el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá, que aboga por reducirlo a cinco. La portavoz socialista, Esperança Esteve, es partidaria de la reducción, pero sin dar una cifra definitiva.

El PNV tacha el texto de 'berlusconiano'

El diputado del Grupo Vasco, EAJ-PNV, y portavoz de inmigración, Emilio Olabarria, no dio su apoyo a la iniciativa del Gobierno porque “no resuelve el problema de fondo y da una facultad absolutamente discrecional al Ministerio de Interior para revocar la situación de los inmigrantes”. La enmienda del PNV tacha de “berlusconiano” el proyecto, al establecer la permanencia en el país, una vez acabado el permiso de residencia, como una falta grave sancionable hasta con 10.000 euros. También se opone a la ampliación del internamiento en los CIE de 40 a 60 días, a que la reagrupación familiar se limite a la familia nuclear y a que el derecho de sufragio se reconozca únicamente para las elecciones municipales. La reforma “tampoco garantiza la participación de las Comunidades Autónomas o Diputaciones Forales, que tienen competencias en políticas de inmigración”, asegura.