MADRID.- La información estadística del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) indica que, al cierre del primer semestre del año, había en España 1,2 millones de personas con derecho a una prestación o servicio por su situación de dependencia. De esos 1,2 millones, ya reciben la prestación 826.362 personas, pero otras 381.508 siguen en lista de espera.

Los datos, actualizados a 30 de junio, se han difundido el pasado viernes e indican que 1.612.202 personas han solicitado una ayuda o prestación de este tipo y de ellas, 1.515.811 han sido ya dictaminadas, es decir, han sido evaluadas y se ha descrito en qué nivel de dependencia se encuentran y a qué tienen derecho. Quedarían así 96.391 personas en espera de superar esta primera fase.

De las solicitudes ya dictaminadas, el grupo más amplio, un 20,32%, fueron diagnosticadas sin grado de dependencia y un 13,98% se situaron en el grado I, el que corresponde a los casos de dependientes moderados y que han sido los últimos en incorporarse al sistema durante el despliegue de la ley, el 1 de julio de 2015, por lo que el IMSERSO no considera que esté "consolidado". El balance oficial señala que son ellos los mayoritarios en la lista de espera, con un total de 247.933 dependientes moderados que estarían aún pendientes de recibir la ayuda al cierre del primer semestre, frente a 126.125 de los grados III y II, el 15,42% de todos los diagnosticados en estos tramos de gravedad.

El informe revela que el 82,34% de estas personas, un total de 103.853 dependientes, se encuentran en ocho comunidades autónomas que superan ese 15,42% de lista de espera media nacional. Se trata de País Vasco, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias. La peor situación se encuentra en esta última región. Allí casi cuatro de cada diez personas con dependencia de grado II o III, los más graves, están en lista de espera para recibir la ayuda a la que tienen derecho. En Aragón los que están esperando son el 23,87%; en Cataluña, un 21,14%, en Andalucía son el 18,17%; un 17,25% en Castilla-La Mancha; un 16,98% en Galicia; un 16,08% en Baleares y un 16,03% en el País Vasco.

Con los incorporados a la ley en julio de 2015, los dependientes más moderados, la cobertura es aún menor pues, a nivel nacional, el 65,53% aún no han recibido la ayuda a la que tienen derecho.

En algunos casos, las diferencias entre Comunidades Autónomas son abismales: mientras, en Castilla y León tan solo el 4,8% de todos los reconocidos con este nivel de dependencia está pendiente de resolución, en Canarias el 86,41% está aún en lista de espera. Las Islas encabezan una lista de nueve comunidades autónomas donde hay menos cobertura que de media nacional: Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana.

El informe del IMSERSO no concreta cuánto tiempo llevan los dependientes con derecho a prestación esperando en cada caso. Sin embargo, sí indica que durante el mes de junio de 2016 se han incorporado al sistema un total de 20.018 nuevas personas beneficiarias con prestación, de las que 7.836 corresponden al Grado I y el resto, 12.182 personas, a los niveles de personas con una mayor necesidad de ayuda.

En cuanto a las personas que han causado baja del sistema en el primer semestre del año, el IMSERSO afirma que el 75,61% ya tenían un grado de dependencia reconocido y estaban recibiendo la prestación o servicio a la que tenían derecho, de modo que un 24,39 por ciento aún seguían esperando.

Por tipo de ayudas, continúa el avance de los servicios profesionales, que son ya el 65,06% de todas las ayudas reconocidas, en detrimento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, el 34,94%. En total, las 826.362 personas que reciben algún apoyo de la Ley de Dependencia, la cifra más alta desde la entrada en vigor de la norma, perciben 1.016.420 prestaciones y servicios.