Los papeles de Fundescam tienen la virtud de haber hecho visible, negro sobre blanco, la obscenidad con la que dinero y política comparten espacio en este país. A cara descubierta, un grupo de empresarios armados con buenos contactos en las altas esferas (algunos de ellos, además, sospechosos habituales), donan graciosamente cientos de miles de euros a una inocente fundación sin actividad conocida pero que, muy oportunamente para algunos, paga facturas a empresas que trabajan para la campaña electoral del PP.

Esos mismos empresarios, para que no quede ninguna duda, recuperan después el dinero a través de suculentos contratos otorgados por la administración gobernada por ese mismo partido. Y el círculo se cierra.

Lo simple del sistema sólo es comparable con el descaro con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, principal beneficiaria de la operación, mira para otro lado y sostiene, casi sin pestañear, que el Partido Popular no se ha financiado de forma irregular. La respuesta decente sería dar explicaciones o dimitir, pero ya sabemos que eso, hoy por hoy, es pedir demasiado.

En el país de los trajes a medida, los velódromos que cuestan el doble de lo previsto y las fundaciones fantasma es hora de aceptar que los mecanismos de control que deben impedir la corrupción son del todo insuficientes. Y que hay que cambiarlos, si no queremos que el descrédito de la política (principal aliado de una derecha que nunca ha entendido el verdadero significado de lo público) nos devore a todos.