Poco menos de tres semanas han bastado para que el PP, súbitamente, se olvide de la grave denuncia que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, lanzó el jueves 6 de agosto contra el Gobierno. En una entrevista con Efe, la número dos del PP aseguró que se estaban 'produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario'. Inmediatamente, el partido la respaldó.

Ayer, sin embargo, en la reunión de la Diputación Permanente convocada ex profeso para ello, la portavoz conservadora no citó ni una sola vez las escuchas ilegales que, según el partido, han sufrido varios de sus dirigentes. La omisión de Soraya Sáenz de Santamaría gana relevancia después del rosario de declaraciones en las que distintos responsables del PP apoyaron la acusación de Cospedal. Cristobal Montoro, Ricardo Costa, Javier Arenas o Esteban González Pons, entre otros, cerraron filas garantizando la seriedad de la denuncia. Pero no aportaron ninguna prueba.

Incluso el presidente conservador, Mariano Rajoy, empeñó su palabra en defender la denuncia de su secretaria general y aseguró que contaba con 'pruebas', aunque fue incapaz de detallarlas o de dar los nombres de los espiados.

La postura de Sáenz de Santamaría coincide, sin embargo, con la actitud demostrada ayer por otros miembros de la dirección del PP en el Congreso. Como su jefa en la Diputación Permanente, en los pasillos ellos se esforzaban por centrar el debate en la actuación de la Fiscalía y las fotos de militantes del PP esposados. Cada vez que un periodista trataba de volver a las escuchas ilegales respondían elusivos: 'Lo importante es la doble vara de medir entre los militantes del PSOE y el PP'.

Un informe político

Desde el PP también aclararon el objeto del informe que prepara la portavoz para documentar 'la persecución' contra su partido. El documento, hecho a base de la recopilación de casos en las distintas comunidades, se limitará al trato que reciben los imputados del PP por corrupción y su diferencia con los del PSOE. Según datos del PP, 'de las 53 actuaciones contra cargos conservadores, 49 de ellas han quedado en nada'. No está previsto que se recabe, sin embargo, ninguna prueba sobre las escuchas ilegales. Según fuentes del grupo, el texto tendrá sólo valor político y no judicial.