El 6 de agosto, el PP lanzó la noticia del verano. María Dolores de Cospedal, su secretaria general, denunciaba que desde el Gobierno se estaban pinchando los teléfonos a cargos del PP que nada tenían que ver con el sumario del caso Gürtel. El partido dio algunos nombres: De Cospedal, el responsable de Justicia, Federico Trillo, y Francisco Camps, presidente de la Generalitat. De ellos, el caso que más ha explotado es el de Camps, que, además, es el único episodio que se cita las denuncias judiciales del partido. Si se estudia la forma en la que el PP ha presentado este supuesto pinchazo, hay cuatro cuestiones que dejan en entredicho la solidez de la denuncia de espionaje.

Trillo dice disponer de una grabación del pasado 5 de marzo en la que un policía de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) llama al móvil de Camps para notificarle que Garzón se inhibía del caso a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero, a día de hoy, no hay nada que demuestre que existió la llamada. Sólo están las alusiones que el partido ha hecho de esta comunicación y las denuncias del PP del 12 de marzo, ante el Consejo General del Poder Judicial, y del 24 de julio ante el juzgado de instrucción en las que se relatan estos hechos.

Independientemente de que la conversación fuese o no real, su contenido en ningún caso demostraría que ha existido espionaje. La única conclusión a la que se llega es que algún agente de la policía ha facilitado al PP información privilegiada sobre la marcha del proceso. De hecho, Trillo ha reconocido recientemente la anormalidad de este procedimiento al asegurar que este tipo de notificaciones 'jamás se hacen por teléfono y jamás las hace la policía'.

El PP tampoco ha querido desvelar quién grabó la supuesta cinta. No obstante, caben tres posibilidades. La primera apuntaría al propio president, que por entonces ya conocía que era investigado. Trillo ha rechazado esta opción con la excusa de que Camps es 'bastante manazas'. Además, para el PP sería un error asumir que Camps, todavía en el punto de mira de la Justicia, se ha dedicado a grabar las llamadas.

La segunda de las posibilidades señalaría al agente de la UDEF. Si así fuera, se demostraría que éste, además de facilitar información al PP, se ha dedicado a grabar una conversación que sirve para que el partido denuncie la persecución a la que le somete el Gobierno.

La tercera posibilidad sería que las grabaciones las realizase algún miembro de la Policía, de la Guardía Civil o del CNI y que, después, la cinta llegase a manos del PP. Esta opción sería la única que favorecería la denuncia del PP, pero se diluye de momento puesto que el partido no ha presentado una sola prueba para sostener esta hipótesis. Hace unas semanas el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, deslizó esta posibilidad al sostener que 'hay gente en Justicia que nos está contando cosas'. Pero, si existe un topo que pasa información al PP, ¿por qué no disponen de pruebas más sólidas del presunto espionaje?

Para el PP, esta llamada no siempre ha servido para denunciar una campaña de escuchas ilegales. Primero la emplearon para cargar contra la actuación de Garzón. Así se pone de manifiesto en la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial del 12 de marzo. Además de abordar las filtraciones del sumario, en el punto segundo de la denuncia, sin aludir a pinchazo telefónico alguno, el partido habla de esta conversación entre Camps y el agente de la UDEF como ejemplo de las 'irregulares notificaciones del auto'.

Por estas fechas las reacciones del PP, fueron en la misma línea. 'Que un policía anónimo llame a un presidente de un gobierno autonómico de España a su móvil personal para eso, es un escándalo dentro del procedimiento y del que se debe derivar responsabilidad', sostuvo Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Estas palabras, publicadas en El Mundo, datan del 14 de marzo.

Casi cuatro meses después, el 24 de julio, esta misma llamada es recuperada en una denuncia en la que se habla de 'interceptación ilegal de las comunicaciones'. Es el escrito con el que el PP empieza a lamentarse de sufrir una persecución por parte del Gobierno. Se recupera la notificación telefónica a Francisco Camps, aunque no se transcribe conversación literal alguna pese a que el partido insiste en que dispone de la prueba de la grabación.