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En Sighisoara (Rumanía), los caballos siguen tirando de carretas cargadas de leña y hortalizas. Adina, una joven rumana, ha regresado a este pequeño pueblo después de trabajar ocho años en España, adonde llegó con 19 años. Recorrer los 2.934 kilómetros que separan su domicilio en Ibiza de su casa en Transilvania ha sido duro por varios motivos. 'Volver a un país en vías de desarrollo es difícil porque la calidad de vida y los sueldos son más bajos', afirma.
Adina también está preocupada por la integración de su hijo Mauro, de cuatro años. 'Desde que llegamos, no ha dejado de preguntar por España y sus amigos. Pero no hay vuelta atrás', asegura.
De los 65.798 rumanos menores de 16 años que viven en España, muchos regresarán en los próximos meses por el aumento del paro que ha azotado a la colonia, formada por 675.481 personas. De los 253.083 inscritos en la Seguridad Social, en abril había 70.912 desempleados, el 28%. Desde entonces, ha sido el colectivo con más problemas para su reinserción laboral por ser el que tiene más trabajadores en la construcción. Con este panorama y gracias a su condición de comunitarios, apuntan a protagonizar el mayor número de retornos.
Los gobiernos de ambos países cuentan con ello. De hecho, los fomentan con convenios como el que firmaron en mayo el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y su homólogo rumano, Marian Sàrbu. El acuerdo permite a España informar en el INEM de las ofertas de empleo que hay en Rumanía y pagar el paro en su país a los ciudadanos que decidan regresar.
Al margen del desempleo (en Rumanía apenas alcanza al 5,8% de la población, aunque se estima que este año llegará al 7%), las autoridades, educadores y ONG están preocupados por la integración que tendrán los menores, sobre todo los adolescentes.
Con el retorno, 'se están enfrentando a un nuevo desarraigo social' tras el que sufrieron en España, explica la coordinadora de programas de la Fundación Soros, Iris Alexe. El temor es que se genere un efecto similar al que viven las segundas generaciones en países como Francia.
Al llegar a Rumanía, muchos no hablan el idioma, desconocen la cultura de su país y no respetan la autoridad, se quejan los profesores. 'En Italia y España ponen los pies encima de las mesas y regresan con escasez de conocimientos en algunas materias', asegura el subdirector de la Scoala Generala de Prejmer, en Transilvania. El colegio, de 450 plazas, tiene 30 alumnos que han regresado de España o Italia.
Para minimizar el desarraigo, Rumanía puso en marcha en España un programa educativo para los menores hace dos años. Su referencia fue el modelo que creó España en los 60 para sus emigrantes en Francia, Alemania o Suiza. El curso Lengua, cultura y civilización rumana está financiado por Bucarest y se imparte en colegios públicos fuera del horario escolar. Este año, tiene más de 4.000 alumnos en diez comunidades.
La mayoría de los que viven en España procede de pequeñas poblaciones, especialmente de las provincias de Moldavia y Wallachia, con las economías más débiles del país.
Algunos de ellos están teniendo problemas para regresar por no poder pagar los billetes de toda la familia. En España, aún no hay datos ni estimaciones sobre el número de retornos, pero las iglesias ortodoxas ya han experimentado un descenso de fieles y las asociaciones están desbordadas por las solicitudes de ayuda.
Un total de 350.000 niños (de los 4.141.020 menores de 18 años que viven en Rumanía) tienen a su padre o madre trabajando en el extranjero, según Unicef. 'Pero no se les considera abandonados porque quedan al cuidado de sus abuelos u otros familiares', explica Voichita Pop, especialista de Programas de Infancia de Unicef Rumanía. 126.000 están afectados por la migración de ambos progenitores. En el este y el sur las regiones más pobres, la franja de edad de los 25 a los 40 años se ha disuelto en pueblos cercanos a Roman o Bacao. En el informe Children Left at Home, la Fundación Soros destaca la importancia de la escuela como proveedor de servicios sociales para estos menores. El 20% de los colegios carece de asistente social y, en las poblaciones rurales, el porcentaje llega hasta el 30%.
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