El consejero de la Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha dejado para agosto, en plenas vacaciones, la adjudicación de un importante contrato de seguridad privada para la vigilancia de sedes de los juzgados de Madrid. El valor total ronda los 12 millones de euros.

El concurso ha generado polémica en el sector de las compañías de seguridad porque la empresa adjudicataria debería haber empezado a prestar sus servicios ya el pasado 1 de julio, cuando vencía el actual convenio que asumía la empresa Esabe Vigilancia. Pese a ello, el concurso sólo se convocó cuatro días antes, el 26 de junio, en un proceso reconvertido a partir de ese momento en una carrera a toda velocidad: con procedimiento de urgencia para poder adjudicar el contrato en agosto.

El pasado lunes se abrieron los sobres con las propuestas presentadas por las nueve empresas que optaban a los cuatro lotes en que se ha desmenuzado el concurso y la gran beneficiada se apuntó a priori tres de los cuatro lotes en liza es EAS Tecno System, administrada por José Luis Novales Cadierna, que a su vez es director general de Segur Ibérica. El otro lote lo ha ganado Integral Madrileña.

Fuentes próximas a Granados subrayaron que el concurso aún no se ha fallado formalmente y que la adjudicación es provisional. La consejería está a la espera del informe técnico para rematar la adjudicación, ya en pleno agosto.

José Luis Novales, ex inspector jefe en la Comisaría de Seguridad Ciudadana y ex responsable de seguridad de Telefónica, ya ganó la convocatoria impulsada por Granados en 2008 para la seguridad de las sedes de Presidencia, vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno y consejería de Presidencia e Interior, en la Puerta del Sol. En aquella ocasión Novales representaba sin embargo a Segur Ibérica.

La rapidez con la que se ha desarrollado el proceso convocado de urgencia, que ni siquiera ha dado tiempo a publicar anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, la división de un contrato antes único en cuatro lotes y la coincidencia de su fallo con el verano pese a que el concurso debería haberse iniciado en abril o mayo han provocado todo tipo de suspicacias en el sector.

El tramo final de este concurso de seguridad coincide con la declaración ante los tribunales de los tres asesores de seguridad de Granados imputados por espiar a políticos del propio PP. El número tres del Gobierno regional y secretario general de su partido en Madrid está siendo cuestionado por varios de los espiados, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que le ha acusado públicamente de ocultar información.

La presión es tal que la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, tuvo que salir públicamente a defender a su portavoz y descartar su cese. De ahí que la convocatoria del concurso para la seguridad en los juzgados por la vía de urgencia, y su fallo en pleno agosto, haya sido interprestado como una muestra de debilidad.

La elección, aún pendiente de ratificar, de EAS Tecno System para tres de los cuatro lotes ofertados y 9,3 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2010, ha sido recibida como una bomba en el sector. En el pliego de condiciones se establecía como criterio único de adjudicación el precio gana la oferta más barata, con una única limitación: que la empresa adjudicataria tenga una cifra de negocio global media de al menos ocho millones de euros en los últimos tres ejercicios.

En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, EAS Tecno System se sitúa en otro nivel, mucho más modesto: declara ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, el último ejercicio presentado.