El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para que se prohibieran cinco actos dedicados a presos de ETA convocados entre este viernes y el próximo día 1 de agosto en las localidades guipuzcoanas de Villabona y Ordizia.

El magistrado entiende que esta medida 'vulneraría el derecho constitucional de manifestación y reunión'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que rechazó el pasado día 10 dos actos dedicados a etarras en Amorebieta y Bermeo (Vizcaya) con similares argumentos, señala en un auto dictado hoy que la convocatoria de estos nuevos actos, dedicados a terroristas como el ex número 1 de ETA Francisco Múgica Garmendia, Pakito, 'no es delictiva en sí misma'.

Para llegar a esta conclusión, argumenta que los lemas utilizados por los convocantes ('Porque los queremos en casa', 'Basta de dispersión' o 'Por nuestros derechos civiles y políticos, que vuelvan a casa', entre otros) no implican 'un homenaje a la actuación de tales presos cuando cometieron los hechos por los que fueron condenados, sino tan sólo que se reclama que no estén dispersos'.

En contra de lo sostenido por el colectivo de víctimas del terrorismo, Pedraz añade que 'no consta' que los actos hayan sido organizados por la ilegal Askatasuna, al no haberse acreditado, según explica, que el anagrama que aparece en la web utilizada por los convocantes corresponda a esta asociación. En todo caso, recuerda que para que se celebren estos actos deberá existir una 'autorización administrativa' y que, sin perjuicio de esta resolución, se adoptarían medidas penales en el caso de que durante su desarrollo se produjera algún tipo de actividad delictiva.

DyJ solicitó la prohibición de los actos al considerar que tenían como objetivo 'ensalzar las personas de los presos integrantes de la organización terrorista ETA y, en concreto, justificar o amparar los hechos por ellos cometidos'. En su escrito, indicaba que el nexo común de los homenajeados 'no es otro que el de estar privados de libertad en cárceles de España y Francia' y que los actos 'no pueden enmarcarse dentro del derecho de reunión o de manifestació