La decisión de repartir entre tres tribunales el caso Gürtel no sólo resulta sorprendente para los legos. También genera conflictos entre los juristas, como se demostró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Mientras la Fiscalía defiende que las personas que presuntamente pagaron los trajes a Francisco Camps deben ser juzgados junto al presidente valenciano en un mismo proceso, el instructor de la causa, José Flors, cerró de momento esta vía. El juez sostiene que a los presuntos cabecillas de la trama ya se les investiga en el TSJ de Madrid y que su instrucción queda reducida a sus aforados, como estableció el TSJ valenciano al asumir la competencia para investigar a Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP.

La Fiscalía considera que los pagos concretos pueden investigarse en los tres tribunales que se ocupan del caso. Es decir, los pagos que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, pudieron hacer a Camps pueden investigarse en Valencia, mientras que los que hicieron a los aforados nacionales corresponden al Supremo. Este tribunal así lo entendió cuando se declaró competente para investigar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino.

El resto de los sobornos pagados a los tres diputados y cuatro ex alcaldes madrileños imputados se investigarán en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Flors entiende, en cambio, que los sobornos supuestamente pagados por Correa, Crespo y El Bigotes sólo pueden investigarse en Madrid salvo que el TSJM le envíe esa parte de la causa porque 'forman parte en su conjunto del objeto más amplio de otro proceso'.

El delito que el juez Flors imputa a Francisco Camps y los otros imputados en Valencia es el cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal, que castiga con multa de tres a seis meses a 'la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función'. De momento, el juez no ha encontrado pruebas que vinculen los trajes con adjudicaciones concretas de contratos por parte de la Generalitat a las empresas de Correa, algo que podría cambiar a medida que avance la investigación sobre los expedientes, como sostiene la acusación que ejerce el PSOE valenciano.

Aunque no hay una doctrina unánime al respecto, el que paga también puede ser castigado con el artículo 423 en la mano, en casos de cohecho impropio, como han establecido las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Este precepto sanciona a 'los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesascorrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos'.

La última ficha movida por la defensa de Camps es el recurso presentado contra el auto del juez Flors que da continuidad a la causa por el trámite de la ley del jurado. La Fiscalía confía en que no pueda ser revocado, porque, además de la declaración del sastre José Tomás, enumera otros diez indicios sólidos de la imputación que pesa sobre el presidente de la Generalitat. De hecho, Anticorrupción no dejó pasar la oportunidad de mostrarse de acuerdo con su contenido en el escrito en el que pedía que se ampliara la imputación a los pagadores.

En lo que sí parecen coincidir jueces y fiscales, al menos en Madrid, es en la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones, medida que el PP sostiene que le provoca indefensión. El fiscal pidió el viernes al Supremo que mantenga el secreto decretado por el TSJM, para evitar, al estar dividido el sumario en tres tribunales, que lo que se envíe al Alto Tribunal se haga público y entorpezca las diligencias que el juez Antonio Pedreira sigue realizando. En los documentos sobre Bárcenas y Merino que se enviarán al Supremo pueden aparecer datos sobre otras personas.

Fuentes del TSJM señalan que el instructor pretende mantener el secreto del sumario hasta septiembre. Cuando se retire la medida, concretará los hechos que se imputan a los encausados.