La investigación de la rama valenciana de la trama Gürtel ha quedado coja. Encorsetado por el auto del 21 de abril en que el Tribunal Superior de Valencia (TSJV) aceptó la competencia de instrucción, pero sólo en lo relativo a los trajes de Camps y otros tres cargos de su entorno, el juez José Flors colocó orejeras a sus pesquisas: sólo han pasado el filtro aquellas pruebas tendentes a confirmar si el presidente valenciano y los otros tres imputados pudieron cometer un delito de cohecho pasivo impropio por aceptar regalos de Orange Market. Según esa tesis, con la que Flors inició y culminó sus diligencias sin variaciones, Orange Market no recibió contrapartidas.

Pero sobre los manejos de la franquicia levantina del grupo de Correa, nadie ha puesto el foco en el tribunal valenciano. Según el juez, la empresa que, con una plantilla de cinco empleados, recibió en cuatro años y medio contratos de la Generalitat por 6,9 millones, regaló los trajes a Camps y su equipo sólo para complacerlos. En realidad, el importe total de los contratos llegó a ocho millones, según la oposición: Flors sólo ha computado los del montaje de Fitur entre 2005 y 2009, pero no los contratos menores (dados sin concurso) ni los adjudicados por organismos como la Feria de Valencia. Por supuesto, nada se sabe tampoco de los otorgados por Canal Nou o por la fundación mixta que organizó la visita del Papa en 2006.

Ni se ha investigado la génesis de los contratos de Orange Market ni la acusación de Garzón sobre cómo esa empresa financió al PP valenciano. Aun así, la solicitud de Anticorrupción para que se impute al trío responsable de la trama valenciana Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez abre una rendija de esperanza para los dos grupos de oposición, PSOE y Compromís.

Personado como acusación, el PSOE ya había pedido que se pusiera fin a la paradoja de que los presuntos sobornadores estén libres de imputación. Solicitó también sin resultado que la instrucción siga abierta hasta que el juez que investiga la vertiente madrileña de la red levante el secreto de sumario.

Ese juez de Madrid, Antonio Pedreira, es el que tiene en su poder la contabilidad de Orange Market, así como los documentos incautados en sus oficinas de Valencia. Durante la instrucción valenciana, el TSJV denegó cualquier diligencia relativa a esos documentos. Según las fuentes consultadas, si, una vez levantado el secreto de sumario, se comprobara que tales documentos contienen indicios de nuevos delitos presuntamente cometidos por algún aforado valenciano, el Tribunal Superior de esa comunidad tendría que comenzar una nueva instrucción.

En espera de acontecimientos, hay un elemento que actúa en apoyo del requerimiento de la Fiscalía para imputar a los miembros de la trama en el mismo sumario que a Camps. Y ese elemento es el auto del Tribunal Supremo por el que acepta investigar a los aforados estatales del PP: el senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino. En ese auto, el Supremo asume también las indagaciones sobre quienes supuestamente sobornaron a los aforados.

Las expectativas, no obstante, son moderadas. Y nada garantiza que Flors o, en segunda instancia, la Sala Civil y Penal del TSJPV, acepten imputar a Correa, Crespo y Pérez. Y ni siquiera cabe excluir, que, presidida por el juez Juan Luis de la Rúa, amigo de Camps, la Sala decida archivar el caso bajo el argumento de que aceptar trajes no posee relevancia penal. 'Pero si acaba alegado eso, tendría que haberlo dicho cuando aceptó la competencia y haber archivado entonces', argumenta una fuente cercana al caso.

Con la investigación cerrada en la práctica, sobre el escenario se alzan las dos grandes incógnitas antes enunciadas: la de los contratos de Orange Market y la financiación del PP. Lo primero afecta al nudo del asunto: porque nadie ha explicado de manera creíble cómo una empresa con cinco empleados logró tan abultada cartera de contratos.

Flors afirma que no hay indicios de que regalos y contratos estén vinculados, pero lo cierto es que ni siquiera ha aceptado examinar los expedientes de adjudicación. Y esos expedientes, donde figura el sistema de contratación, la identidad de todos los ofertantes, las plicas y los criterios de baremación, resultan clave para averiguar qué pasó. La única prueba practicada sobre esos contratos consistió en tomar declaración en dos mañanas a 35 altos cargos de la Generalitat. Ninguno de ellos reconoció alguna irregularidad. Hacer lo contrario habría equivalido a autoinculparse.

El segundo agujero del caso se relaciona con la más grave acusación contenida en el auto por el que Baltasar Garzón, primer instructor del caso, derivó el 5 de marzo al tribunal valenciano las investigaciones sobre esa comunidad: la acusación de que la trama financió con 420.000 euros al PP valenciano. Según Garzón, el partido habría pagado a Orange Market con dinero negro parte de la organización de su congreso regional de septiembre de 2002 . ¿Hay alguien tras esa pista? Se ignora.

Una vez difundido el auto que dictó Flors el pasado día 6 y que coloca a Camps en la antesala del banquillo, este periódico preguntó al Tribunal Superior valenciano quién investigará las zonas oscuras que quedan del caso en esa Comunidad. 'El Tribunal Superior de Madrid', respondió una portavoz oficial. Pero en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) se considera muy difícil que ese pronóstico se cumpla: 'Se partió la causa precisamente porque había aforados en ambas comunidades y cada tribunal investiga lo concerniente a su territorio', dijeron fuentes del TSJM. El círculo vicioso está servido.

Pese a todo, en algunos ámbitos de Valencia un dato alimenta la idea de que no todo está perdido para la investigación: Anticorrupción no ha puesto especial énfasis en pedir pruebas para acreditar si, además del cohecho pasivo, hubo un soborno en toda regla, penado con cárcel. 'Puede que se fíen más de la investigación de Madrid y que estén esperando a que se levante el secreto de sumario', dice un experto. Y sugiere una tercera opción: que el Supremo asuma todo el caso.

Pero, de momento, lo cierto es que la instrucción no ha esclarecido los manejos de la trama en Valencia. De cómo han marchado las indagaciones habla lo ocurrido el 30 de junio, seis días antes de que el juez Flors dictase su auto: el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira interrogó como imputada a Felisa Jordán, cuyo testimonio ante Baltasar Garzón había resultado crucial para que el juez de la Audiencia Nacional concluyese que la red falsificó facturas con el objeto de ocultar los regalos de Valencia. Pedreira no le preguntó a Jordán por los trajes de Camps. ¿Por qué? Porque esa investigación correspondía al juez valenciano. Al final, ni declaró sobre los trajes en Madrid ni lo hizo en Valencia.

La vagoneta de la investigación ha ido exclusivamente por el carril de los trajes. Tanto es así que el auto de Flors ni menciona los otros regalos que recibieron la mujer y la hija de Camps (un reloj y una pulsera). El auto tampoco hace referencia a los contratos logrados por otras empresas de la trama, como Easy Concept. Según Mónica Oltra, de Compromís, también Rialgreen y Good and Better, empresas de la trama, obtuvieron contratos menores que se adjudicaron sin concurso y troceando el objeto real de contratación.

Exactamente ese método usaron la trama y sus cómplices para lograr contratos de la Comunidad de Madrid. Fuentes conocedoras del caso atribuyen la estrechez del marco de investigación a las directrices de la Sala Civil y Penal presidida por el jefe del tribunal valenciano, Juan Luis de la Rúa, y que deberá decidir sobre los recursos del presidente valenciano. “El gran favor que le hizo De la Rúa al PP fue circunscribir la investigación a los trajes”, apunta una persona cercana a la instrucción.