El Congreso volvió ayer a dar un tirón de orejas de Gobierno. Por segunda vez en lo que va del año, la Cámara baja solicitó al Ejecutivo que elimine alguno de sus ministerios para evitar gastos superfluos y duplicidades con las administraciones autonómicas.

Si en abril una iniciativa del PNV pedía la reducción del Ejecutivo en un departamento, ayer la de ERC subió la apuesta. 173 diputados coincidieron en la necesidad de suprimir los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad y trasladar sus competencias a otras carteras. Dos, del BNG, se abstuvieron. Sólo los tres parlamentarios de IU, Unión del Pueblo Navarro y UPyD apoyaron a los 167 del Grupo Socialista que estaban presentes, de forma que el rechazo a la supresión de los tres departamentos sumó 170 votos. Cinco diputados faltaron: dos del PSOE (Zapatero y Solbes) dos del PP (Arsenio Pacheco y Luisa Fernanda Rudi) y una de Coalición Canaria (Ana Oramas).

Ante la imposibilidad de que el PP apoyara una parte de la iniciativa que se refería a financiación autonómica, ERC pidió la votación separada. Seis de los ocho puntos salieron adelante, dos de ellos con el PSOE solo frente a casi toda la Cámara.

El núcleo central de la moción, conocida entre los grupos como la operación bikini, abogaba por un adelgazamiento de la Administración central para evitar “conflictos competenciales”.

Fue precisamente en este aspecto en el que más se centraron los grupos. Durante la defensa de la moción, el portavoz republicano, Joan Ridao, criticó la “concurrencia desleal con las comunidades de un Estado que se niega a ponerse a dieta”. Tras él, todos los portavoces de la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar en la descentralización real. Jordi Jané, de CiU, incluso insinuó la necesidad de convertir la operación bikini en operación topless.

Sólo el PP quiso escapar de los argumentos autonomistas. Su portavoz, Rafael Merino, se centró en el gasto corriente. “Tenían el Gobierno más caro del España y lo han hecho aún más caro”, reprochó. A su juicio, “es necesario un Gobierno que reduzca el gasto en lugar de incrementar los impuestos”.

Para evitar hablar de las competencias autonómicas, Merino se agarró a otros de los puntos aprobados, la remisión del Código del Buen Gobierno a la Cámara. “No lo envían por que Chaves lo incumple”, acusó. Ese mismo punto contaba minutos más tarde con el apoyo del PSOE.

Durante su defensa, el portavoz socialista, Rafael Román, se cebó en las contradicciones del PP. “Les guía un oportunismo sin límites”, aseguró. En su opinión, sólo un hilo conductor puede vertebrar la moción: una intención de “fragilizar la Constitución y el Estado” a la que “incomprensiblemente” se ha sumado el PP. “¿Hablamos de comportamiento coherentes?”, preguntó irónico. Como ejemplo, Román destacó la defensa del PP de la cultura española mientras al mismo tiempo aboga por la supresión de su ministerio.

Ante la intervención de los demás grupos destacando la importancia de los mandatos parlamentarios, el diputado socialista recordó la potestad constitucional del presidente para organizar su Gobierno, algo que cristalizó en leyes aprobadas por el PP.

No todo fueron discrepancias. Los socialistas optaron por sumarse a la mayoría en cuatro de los puntos, entre ellos la necesidad de regular el uso de los medios públicos por parte del Gobierno. Aunque el PP trató de resucitar la polémica del Falcon de Zapatero, el resto de los grupos le paró los pies. “Se trata de regular, no de limitar”, apuntó el convergente, Jordi Jané.

L. C. | Madrid 

A primera hora de la mañana, el diputado de ICV, Joan Herrera, recorría visiblemente enfadado los pasillos del Congreso. En su ausencia, el PSOE acababa de aplazar hasta después del verano el debate de la iniciativa de su grupo que insta al Gobierno a presentar una queja formal por la declaraciones del Papa contra los condones. “Los socialistas tenían el compromiso de debatirlo el día 30 de este mes” se quejó.

Minutos antes, en la comisión de Cooperación Internacional los votos del PSOE se unieron a los del PP para evitar que el debate tuviera lugar antes del verano. Según la presidenta de la Comisión, la socialista Delia Blanco, el retraso se debió a la imposibilidad del portavoz de CiU en la comisión, Carles Campuzano, de asistir el día 30 debido a un viaje oficial.

El diputado catalán confirmó la versión a este periódico pero negó rotundamente que el viaje impidiera la discusión entre ayer y final de mes. “No sólo podía cualquier día de la próxima semana, sino que tenía interés en ello. Nuestro grupo mantienen vivas varias proposiciones”, explicó Campuzano. Desde diciembre no se ha discutido una sola proposición en la comisión. Ante la posibilidad de buscar otra fecha, los socialistas se escudaron en la falta de disponibilidad de salas en la Cámara.