La Conferencia Episcopal española considera que España le debe dinero. Cuando menos, una cantidad que oscila entre los 20.000 y los 50.000 millones de euros al año. La Iglesia católica considera que le ahorra esa cantidad al Estado en virtud de su labor en sus 6.022 colegios concertados, sus 3.070 monumentos históricos, su millón de cofrades, los 60.000 voluntarios de Cáritas, sus 86 hospitales, 858 casas para ancianos y minusválidos, 236 guarderías, 707 centros para refugiados hasta por el Camino de Santiago.

Así se refleja en la Memoria Justificativa de Actividades que ayer presentó, en la Casa de la Iglesia, el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal. Dicho informe, referente al ejercicio 2007, forma parte del compromiso adquirido por la Iglesia con el Gobierno socialista cuando éste subió su porcentaje de ingresos por la casilla del IRPF del 0,52% al 0,7%, medida que permitió a los obispos ingresar 100 millones más de euros en las dos últimas campañas fiscales.

La memoria, en cambio, apenas se detiene en explicar el destino de los fondos de la Renta (pagar los sueldos y la Seguridad Social de curas y obispos) y no aborda en momento alguno la autofinanciación de la institución, a la que se comprometió en su día.

En contrapartida, el informe dedica el grueso de su análisis a recordar la labor social, humanitaria y caritativa realizada por las instituciones religiosas, utilizando esa realidad como método para justificar la recaudación a través de la Renta: 241 millones en 2008 que, sin embargo, se antojan 'absolutamente insuficientes' en opinión de la Iglesia.

Lo cierto es que ninguna de las actividades sociales desarrolladas por la Iglesia católica y que benefician, según las cifras eclesiásticas, a tres millones de ciudadanos se ve agraciada con cantidad alguna proveniente del 0,7% de la casilla de la Iglesia en el IRPF.

Giménez Barriocanal no pudo obviar esta realidad, pero la despachó incidiendo en que 'sin el alimento de la fe, no sería posible llevar a cabo las otras misiones pastorales'.

Sí hizo hincapié el gerente del Episcopado en la multiplicación de los talentos desarrollada por la gestión eclesiástica de los bienes. Así, el informe incide en que 'la valoración en términos de coste de mercado de las horas empleadas en la actividad pastoral supondrían incrementar las necesidades de fondos en un 250%'.

Lo que se traduce, en román paladino, en que los obispos afirman merecer del Estado, vía IRPF, más de 600 millones de euros extra sobre su recaudación actual.

El informe justifica así esta demanda: 'Este ahorro es debido a la gran presencia de la actividad del voluntariado y a los niveles de austeridad en los que se mueven las diócesis y parroquias'.

'Todavía hoy resulta imposible cuantificar, en términos económicos, la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad y el ahorro que para el conjunto de la sociedad española supone su presencia pública. En todo caso, por todos los conceptos citados (sanidad, educación, obra social, servicios pastorales...) estaríamos hablando de varias decenas de miles de millones de euros', sostiene el documento de los obispos.

Giménez Barriocanal fue aún más allá en su exposición del informe, al asegurar que, frente a 'los prejuicios de la gente sobre la financiación de la Iglesia', en realidad es la institución la que 'está ahorrando dinero al Estado'.

Por el momento, los obispos sólo concretaron una cantidad: la que, en su opinión, la Iglesia católica ahorra al Estado español al mantener sus centros de educación concertados: 3.372 millones de euros. Eso sí, el gerente del Episcopado anunció que, para próximas memorias, harán un balance de la inversión que realiza la Iglesia y que, por tanto, a su juicio ahorra el Estado en materia de sanidad, solidaridad y patrimonio.