La adopción como alternativa al aborto en mujeres sin recursos para criar a su hijos. Esta es la idea más polémica de la nueva ley de protección a la maternidad de la Generalitat valenciana, que ha provocado una tormenta de opiniones enfrentadas. Por un lado, la oposición y los colectivos feministas ya han mostrado sus quejas. Mientras, las asociaciones que se oponen al aborto otorgan su apoyo más entusiasta al proyecto.

La ley se enfrenta esta semana a uno de los últimos trámites parlamentarios, el paso por comisión, en el que se discutirán decenas de enmiendas presentadas por PSOE, IU y Compromís. Salvo sorpresas, se aprobará el 25 de junio gracias a la mayoría absoluta del PP en las Cortes Valencianas.

La norma protegerá 'la vida en formación' desde el momento de la fecundación y está dirigida a las embarazadas o 'madres gestantes', en el particular argot de la ley. Las destinatarias principales son las mujeres en riesgo de exclusión, a las que se ofrecerá ayudas económicas aún sin determinar, el apoyo de grupos de voluntarios y la posibilidad de dar a sus hijos en adopción.

La ley se propone proteger la 'libertad' de las mujeres para seguir con un embarazo no deseado, pero en todo su texto no hay ni una sola referencia al aborto o la anticoncepción. Su principal inspirador es el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, miembro confeso del Opus Dei. La norma incorpora, además, las ideas de las organizaciones antiabortistas, agrupadas en la Fundación Red Madre, que han participado en su redacción.

Pero lo más sorprendente y discutido de la ley es su insistencia en proponer a las mujeres en riesgo de exclusión la adopción del bebé, y la consiguiente e implícita demonización del aborto. La norma establece 'el derecho de los hijos a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando este sea imposible', lo que, según Gloria Marcos, de IU, equivale al 'fomento de los vientres de alquiler, algo ilegal en España'.

El texto se inspira en el convencimiento de los profesionales de las organizaciones antiabortistas de que, para una mujer, separarse de su hijo trasel parto es menos traumáticoque abortar. 'En un primer momento es duro, pero se quedan tranquilas porque saben que han dado vida', asegura María José Torres, profesora de Ética Clínica de la Universidad Católica de Valencia.

Cualquier cosa, incluida la separación de la madre y el bebé, es mejor que abortar, sostiene Pilar Muñoz, psicóloga de un centro de acogida para embarazadas subvencionado por la Generalitat llamado Casa Cuna. Destaca que el síndrome post aborto es 'para toda la vida' y 'horroroso': 'Yo les digo que tengan presente que la vida que llevan dentro desaparece'. Muñoz reconoce que en su centro ha habido menores que han dado en adopción a sus hijos, pese a la oposición paterna: 'Hay casos en los que sus padres les han dicho: Aborta, pero ellas no quieren'.

Esta visión no es habitual entre los especialistas en ginecología que tratan con embarazadas a diario. 'Cada mujer es un mundo, pero está claro que, si hay algún síndrome postaborto, se debe a la criminalización del aborto que se hace en leyes como esta', afirma Pilar Jiménez, ginecóloga de un centro de Planificación Familiar. También Ezequiel Pérez Campos, jefe de Ginecología del hospital de Requena y miembro de la Fundación Española de Contracepción, opina que es 'cruel' fomentar esta alternativa: 'Es mucho más complicado para la mujer dar a un hijo en adopción que interrumpir el embarazo de forma precoz, cuando el vínculo es leve'.

La ley propuesta por el Gobierno de Camps también recibe críticas por no concretar las ayudas ni los requisitos que deben cumplir las mujeres para recibirlas. El PSOE sostiene que no aporta nada. 'Las ayudas ya están contempladas en la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, que está aprobada pero no se aplica', se queja Antonio Torres, diputado socialista.

En esta misma línea, un informe del Consejo Jurídico Consultivo valenciano referido al primer proyecto de ley, prácticamente calcado del actual afirma que peca de 'programática' y le pide que especifique plazos y destinatarios. El Consejo pide además a los legisladores que tengan un especial cuidado a la hora de tratar con menores. El informe considera que, 'dada la importancia de la información que se pretende suministrar a la mujer gestante', en el caso de las menores de 18 años debe hacerse 'de manera responsable bajo la orientación de sus padres, representantes legales o guardadores'.

'Es una ley vacía, hecha para dar dinero a grupos ultra-católicos', dice Encina García,de la Plataforma Feminista. Su apreciación se sostiene en el artículo 10, que establece subvenciones para entidades que actúen 'en el sentido previsto en la presente ley'. Precisamente este aspecto ha sido el más rápido en aplicarse: el pasado mes de abril, la Conselleria de Bienestar Social publicó una orden que convocaba ayudas para organizaciones que protegieran 'el derecho a la vida en formación'.

La polémica que envuelve a la norma alcanza a su propia tramitación, que se ha visto anormalmente agilizada. Empezó como un proyecto de ley, pero más tarde el texto fue incorporado a una iniciativa legislativa popular ya aprobada de los grupos provida mediante una enmienda del Grupo Popular. Una complicada maniobra que ha ahorrado a la ley los trámites necesarios en el cauce parlamentario habitual.

“Dar una paga mensual a una mujer durante el primer año de vida de su hijo o darle 3.500 euros tras el nacimiento no es ayudar a la maternidad, que es algo mucho más profundo. Lo que deben hacer es invertir en contracepción”. Es la opinión de Pilar Jiménez, ginecóloga de un centro de Planificación Familiar. Jiménez se queja de que en el País Valenciano “es un calvario conseguir, por ejemplo, la píldora postcoital, mientras en otras comunidades los anticonceptivos son gratuitos, al menos para los jóvenes”.

Junto a ella, otros profesionales de Planificación Familiar se quejan de la “despreocupación política” por este servicio, según una denuncia de UGT de abril. En una nota, el sindicato afirma que “las bajas no se cubren”, por lo que los profesionales cada vez tienen que atender a una población más grande, de forma que en ocasiones la lista de espera alcanza los cuatro meses.