Una burla a las víctimas de genocidio, torturas y crímenes de guerra. Una concesión a la presión diplomática de países como Israel y China. Una consagración de la impunidad. Y una enmienda 'hecha a hurtadillas' y sustraída del debate público, pese a que supone un cambio que afectará a víctimas en todo el mundo.

La reforma de la jurisdicción universal que pretende hacer el Gobierno fue definida ayer en estos términos por la Asociación Pro Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia.

No hubo palabras amables para el cambio del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, el pasado 19 de mayo, PSOE y PP acordaron realizar. El cambio permitirá a los tribunales españoles aplicar el principio de jurisdicción universal sólo si hay víctimas españolas o si los presuntos autores de los delitos se hallan en España.

La reforma 'supone burlarse de las miles de víctimas. Pedimos que se dé marcha atrás', subrayó Benito Morales, director de la fundación guatemalteca Rigoberta Menchú. 'En la lucha contra la impunidad, ningún mecanismo sobra: lo que sobra es impunidad', afirmó Giulia Tamayo, de Amnistía Internacional. La reforma legal 'consagra la impunidad para los autores y deja solas a las víctimas'.

Las asociaciones denunciaron que los límites a la norma que ha permitido procesar, en 13 causas en la Audiencia Nacional, a presuntos responsables de crímenes en la Alemania nazi, Gaza, China o El Salvador, entre otros, se derivan de presiones diplomáticas.

En opinión de Gonzalo Boyé, uno de los abogados personado en las causas abiertas por Gaza y Guantánamo, 'no es casualidad' que la reforma se haya llevado a trámite cuando hay causas abiertas contra miembros de los Gobiernos de China, Israel y EEUU.

'La legislación española no puede surgir de la voluntad de Tel Aviv', recalcó Boyé, quien recordó que la ex canciller israelí Tzipi Livni alardeó de la promesa del Gobierno español de que cambiaría la ley.

'Antes éramos el país del No a la guerra, ahora somos el país del Sí a los crímenes de guerra', deploró Boyé.

El abogado Carlos Iglesias, personado en la causa contra dirigentes chinos por la persecución de miembros del movimiento Falun Gong, apuntó presiones económicas por parte de China, que ha condicionado la firma de acuerdos.

'Es lamentable que se pretenda intercambiar el acuerdo económico con el silencio cómplice con torturas y asesinatos de inocentes', opinó.

'El caso de China es paradigmático: no ha reconocido el Estatuto de Roma por lo que no puede ser juzgado en la Corte Penal Internacional; tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y es imposible juzgar estos hechos dentro del país. No hay otra posibilidad, al margen de la justicia universal, de hacer justicia', explicó.

Las asociaciones sostienen que no se puede alegar la 'carga de trabajo' que los casos basados en la jurisdicción universal suponen, ya que estos son una parte 'insignificante' un 0,005% sobre las causas de la justicia española. Tampoco consideran válido el argumento de que la justicia está siendo ineficaz. 'Si fuera ineficaz, no estarían tan preocupados por reformar la ley', sentenció Iglesias.

El consejero jurídico de Human Rights Watch, Reed Brody, resaltó que la justicia internacional 'tiene cada vez más un doble rasero: es eficaz contra los déspotas del sur pero impotente contra los más poderosos, lo que le resta credibilidad'. 'Si España cede también a este tipo de presión, estará confirmando ese doble rasero', señaló.

'Los españoles deben saber que su ley ha contribuido a avances muy importantes en otros países. La ley ya pertenece a todas las víctimas del mundo que buscan justicia y no la encuentran. Pertenece a los guatemaltecos, a los salvadoreños, chilenos, argentinos, a los torturados de Guantánamo y a los tibetanos', concluyó.

Viviana Waisman. Directora de Women's Link Worldwide. Llevó a la Audiencia Nacional el caso de una española violada y torturada por las fuerzas policiales mexicanas.

¿Qué opina de la reforma de la jurisdicción universal?
Es muy preocupante. Y hay que destacar que los efectos serán dañinos para todo el mundo, incluidas las víctimas españolas cuyos derechos sean violados en sitios donde no hay acceso a la justicia, como es el caso que llevamos de México.

¿Qué pasó en ese caso?
Cristina Valls fue violada y torturada durante un asalto policial a la localidad mexicana de Atenco [donde participaba en una protesta de trabajadores]. Planteamos el caso en la Audiencia Nacional basándonos en la Convención contra la Tortura. El juez no lo admitió tras recibir tres folios del Gobierno mexicano en los que dice estar investigando. Pero no es cierto que se esté investigando y nadie ha sido imputado. Esto es precisamente lo que puede pasar de ahora en adelante si se aprueba la reforma de la jurisdicción universal propuesta, que indica que si se empieza una investigación en otro sitio es razón para que España deje de investigar: eso dará lugar a que cualquier país abra una supuesta investigación con el fin de parar aquí los procesos penales.

Usted afirma que la reforma es contraria al Plan de Derechos Humanos del Gobierno.
Sí. El Plan de Derechos Humanos del Gobierno subraya el compromiso de no dejar en la impunidad los crímenes de violencia sexual. Esta reforma es inconsistente con ese compromiso, pues muchos de los casos que se plantean bajo el principio de jurisdicción incluyen los crímenes de género: la violación como tortura o como genocidio. I.C.