Sólo dos días después de pactar en el debate sobre el estado de la nación una enmienda que limitaba la jurisdicción universal en los tribunales españoles, PP y PSOE han llegado a un acuerdo para convertirla en ley. Atendiendo a los criterios de 'urgencia' que marcaba el texto, los dos grupos mayoritarios pactaron ayer un principio de acuerdo para introducir los principios de la resolución en la reforma de la ley para la implantación de la Oficina Judicial, ya en tramitación parlamentaria.

Además, el amplio acuerdo logrado con todos los grupos en el resto de enmiendas promete acelerar al máximo los plazos. Fuentes parlamentarias calculaban ayer que la norma debería entrar en vigor antes de final de año.

El texto de la enmienda recoge casi literalmente el pacto previo y tendrá el respaldo de todos los grupos, excepto el de la izquierda de la Cámara. A partir de su aprobación, el artículo 23 de la Ley del Poder Judicial establecerá que 'para que puedan conocer los tribunales españoles deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España'. Entre los delitos a examen, el texto introduce el de lesa humanidad.

Además, para iniciar cualquier investigación deberá demostrarse que 'en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva'. Esta última especificación impide que se abran procesos ficticios en los países implicados para garantizar la impunidad de los implicados. En la actualidad, la Audiencia Nacional investiga 14 casos. Aunque la norma no será retroactiva, en caso de dualidad legislativa los acusados tienen derecho de acogerse a la más beneficiosa para ellos.

Ayer, Amnistía Internacional caficó de 'bochornoso' el amparo prestado a los críminales 'más atroces'. Jueces para la Democracia advirtió de que la reforma 'enterrará' esta vía legal.

La de jurisdicción universal no es la única enmienda pactada. Hay acuerdo también en lo relativo a la fe pública, el ascenso forzoso, las vacaciones o los jueces de adscripción territorial. Sólo en una cuestión, el depósito para recurrir, los nacionalistas se han desmarcado por considerar que vulnera las competencias autonómicas.