La noticia, desvelada ayer por Público, de cómo el PP madrileño financió en 2003 parte de la campaña del tamayazo a través de una fundación a la que una empresa de la trama Gürtel endosó facturas electorales puso ayer en pie de guerra a la oposición. Tanto el PSOE como IU sospechan que esa fundación, Fundescam, operó como un canal de 'financiación irregular' que no sólo ayudó supuestamente al PP a ocultar gastos electorales sino que captó donaciones de importantes empresarios que lograron contratos y concesiones públicas en Madrid.

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, anunció que los servicios jurídicos de su partido estudian la posibilidad de acudir a la Fiscalía, y garantizó una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Esperanza Aguirre dé explicaciones. La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, también prometió dar la batalla en la Cámara autonómica, donde el PP ha hecho valer con reiteración su mayoría absoluta para bloquear los intentos de desentrañar las conexiones entre el Ejecutivo de Aguirre y las empresas adscrita a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa.

En opinión del líder socialista madrileño, todo lo que rodea a Fundescam, 'una fundación desconocida', resulta sospechoso. 'Pudo haber sostiene Tomás Gómez trato de favor a empresas que estuvieron financiando una campaña electoral que todos recuerdan como el drama de la democracia, la del tamayazo'. Su partido estudia ahora 'si es posible emprender acciones jurídicas o llevar el caso a la Fiscalía', precisó.

En el ámbito parlamentario, los socialistas reclamarán explicaciones al Gobierno de Aguirre, una dirigente, subraya Gómez, 'que llega a la Presidencia de la comunidad en 2003 apoyada por una fundación que pudo haber dado prebendas a los empresarios que aportaron donaciones'. El de Fundescam, resume el dirigente del PSOE, 'es un nuevo episodio en la era Aguirre', caracterizada, en su opinión, por 'la corrupción y la mezcla de intereses públicos y privados'.

Desde las filas de Izquierda Unida, Inés Sabanés exhibió el repertorio de irregularidades en que pudieron incurrir el PP y Fundescam, fundación de obediencia partidaria y cuyo patronato lo elige el comité ejecutivo de los conservadores. 'IU dijo su portavoz en la Asamblea de Madrid considera que se ha podido vulnerar tanto la Ley Electoral como la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Fundaciones'. Su grupo pedirá todos los contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a Special Events y exigirá respuesta a la pregunta de qué subvenciones públicas ha recibido Fudescam 'a pesar de no haber presentado sus cuentas desde 2003'.

Falsificación de documentos
Special Events endosó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) facturas que en realidad se correspondían con trabajos realizados para el PP madrileño durante su campaña para las autonómicas de mayo de 2003 y para las europeas de junio de 2004. El falseamiento de facturas se encuadra en el delito de falsificación de documentos públicos, penado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel en el caso de los funcionarios o cargos públicos, pero sólo con un máximo de tres si se trata de particulares.

Sólo multa para la financiación ilegal
En su artículo 4, tanto la Ley de Financiación vigente desde 2007 como la anterior, de 1987, prohíben de forma expresa que los partidos acepten donaciones de empresas privadas que, “mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”. Pero esa misma ley establece que los infractores recibirán, en todo caso, el siguiente castigo: “Una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”. El Código Penal no dedica ni una línea a la financiación ilegal.

Donaciones limitadas
La Ley de Financiación vigente en 2003 establecía para las donaciones privadas a partidos un límite de 10 millones de pesetas al año (60.000 euros). Las facturas del PP pagadas por Fundescam, fundación subvencionada por la Comunidad de Madrid y por Caja Madrid, superaron ese límite. En total, ascendieron a 66.988 euros. En 2004, Special Events cargó a la fundación 204.011 euros. Es decir, en sólo año y medio, desde junio de 2003 a noviembre de 2004, Fundescam abonó casi 50 millones de las antiguas pesetas por trabajos hechos para el PP. La Ley de Fundaciones prohíbe “constituir fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a sus patronos”.

Más fiscalización desde 2007
El vacío de la financiación ilegal persiste, pero la nueva ley de 2007 cerró uno de los grandes agujeros de la norma precedente: la ausencia de control sobre las fundaciones ligadas a partidos. Ahora, las donaciones que reciben ese tipo de fundaciones están sujetas a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas y a las mismas sanciones aplicables a las organizaciones políticas de que dependen. Ese reforzamiento de controles fue la clave del choque de trenes que se produjo con el PP durante la tramitación de la nueva ley.