Por amplia mayoría, 339 votos a favor y sólo ocho en contra, el Congreso de los Diputados aprobó este martes limitar la jurisdicción universal penal, el principio que ha hecho posible que, en la actualidad, la Audiencia Nacional tramite 13 causas que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a crímenes de guerra en Gaza o a las torturas en Guantánamo.

La resolución, presentada por el PP y enmendada por el PSOE, restringe la potestad de los tribunales españoles. Para que éstos investiguen un delito cometido fuera de España 'deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española'.

Además, la enmienda especifica que cualquier 'proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente' en el momento en que haya constancia de que los mismos hechos están siendo juzgados 'en el país donde se cometieron los hechos delictivos, o en el seno de un tribunal internacional'.

La resolución en sí misma no hace efectiva la medida. En ella, el Congreso insta al Gobierno a trasladar la voluntad política a la legislación promoviendo 'con urgencia' la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Gobierno español prometió a Israel cambiar la ley en lo relativo a la jurisdicción universal y ha cumplido. La promesa la hizo en enero el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a su entonces homóloga Tzipi Livni, ante la airada protesta diplomática hecha por Israel después de que la Audiencia Nacional abriera un proceso contra el ex ministro israelí Benjamin Ben-Eliezer por la matanza de 14 civiles en Gaza en 2002.

Varios aspectos fundamentales no detallados en la enmienda quedan por concretar en la reforma legal. Por ejemplo, en qué se traduce el principio de subsidiariedad, común en muchas legislaciones y por el cual un tribunal sobresee una causa si ésta se investiga donde se cometió el delito.

Este principio puede y ha sido usado por países poco amigos de los derechos humanos, como Sudán, para iniciar sus propias investigaciones sin garantías y pretender con ello que se sobresean las de cualquier órgano que actúa bajo el principio de jurisdicción universal. Para evitarlo, tribunales como la Corte Penal Internacional exigen que, para que se aplique la subsidiariedad, la investigación o proceso abierto tenga garantías.

Otra cuestión es la retroactividad. La medida no es retroactiva y, por tanto, no afecta a los procesos ya en marcha. Pero si la reforma incluye cambios procesales, la ley establece que se aplique el más favorable al reo, y ello sí afectaría a las causas abiertas.

Gonzalo Boyé. Abogado de la querella contra Israel

¿Qué supone esta reforma?

Que las víctimas se quedarán sin justicia y los verdugos gozarán de total impunidad. Es un retroceso grave y una falta de respeto a los votantes del PSOE, pues esta reforma no figuraba en el programa electoral del partido. Con esta decisión, el Gobierno demuestra que los intereses políticos y económicos son más fuertes que el amor al Derecho .

¿Se ha impuesto la realpolitik?

Esto no es realpolitik, sino una real inmoralidad; la que supone amparar a los culpables de crímenes tan graves.

¿Ha cambiado la postura del Gobierno sobre la justicia universal?

Al Gobierno le interesó la justicia universal mientras se trataba de negros y suramericanos, pero cuando se presentan querellas sobre Guantánamo o Israel ya no quiere saber nada. Y esto no es justicia, sino oportunismo político.

¿La querella contra Israel ha motivado esta reforma?

Hay una causalidad evidente: ha sido una profecía hecha realidad. Tzipi Livni sabía más de la política española que Moratinos.

¿Las causas ya admitidas se verán afectadas?

Si es una reforma procesal, sí. A pesar de ello, le guste al Gobierno o no, seguiremos adelante, pues tanto en la causa de Guantánamo como en la ampliación de la de Gaza hay víctimas españolas. T. D.