El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, y el fiscal jefe de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, fueron los que ayer pusieron cara a las demandas de ilegalización interpuestas contra Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II). A las puertas del Alto Tribunal, De Fuentes resumió el espíritu de ambas impugnaciones diciendo que la lista presentada a las próximas elecciones europeas del 7 de junio “es una operación articulada y pilotada desde Batasuna”.

La demanda interpuesta por el Ministerio Público solicita la anulación de la candidatura encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre porque “no es más que el fruto de un ardid, el instrumento fraudulento de una estrategia que únicamente persigue hacer efectivo el deseo de las formaciones ilegalizadas de continuar teniendo presencia en las instituciones democráticas”.

Los Servicios Jurídicos del Estado utilizan un argumento similar. “ETA no ha sabido o no ha podido salirse de su guión habitual: ante la ilegalización de sus partidos y ante la prohibición legal de crear otros han intentado una estrategia compleja, que exige un esfuerzo adicional del Estado de Derecho, pero que en la práctica es una burda estrategia de intento de fraude a las disposiciones legales”, señala la impugnación.

El fiscal y el abogado del Estado comparten los indicios de sus impugnaciones. La principal es la elección de Sastre como cabeza de lista, pese a que ha declarado que “desgraciadamente” su “estado de salud” y sus “dificultades de movilidad” le impedirán “trabajar prácticamente en el seno de aquel parlamento”, si resulta elegido.

La Abogacía del Estado concluye entonces que es el “banderín de enganche” de la candidatura, por su “larga trayectoria de apoyo a ETA”. La Fiscalía justifica la elección en “la necesidad del entramado terrorista de movilizar a la militancia, levantar su moral y mantener cohesionada a su base social, recuperando el apoyo electoral perdido en los últimos comicios, sobre todo, después de los fracasos de intentar concurrir a elecciones”.

También destacan que los que presentaron el pasado 17 de abril la candidatura, Carlo Fabretti, Doris Benegas, Ángeles Maestro y Francisco Javier Belarra, “se han manifestado anteriormente en apoyo de las tesis mantenidas por ETA/Batasuna”.

De los 50 candidatos y 10 suplentes, 23 tienen alguna relación “con el mundo de ETA/Batasuna” por asistir a actos o firmar a favor de agrupaciones. Además, de los 59 avalistas, 33 también aparecen vinculados. El fiscal cifra los muy relacionados con la izquierda abertzale en 20, pero aun así sostiene que es significativo, “desde la lógica política”, que suponga el 33,8% de una lista con representantes en 45 provincias.

El que varios “concejales de partidos democráticos” retiraran sus avales y fueran sustituidos por electos de ANV de Villabona (Guipúzcoa) implica, según las demandas, que “no han tenido más remedio que acudir a sus apoyos naturales”.

Tras destacar la “pobre infraestructura” y escasos resultados previos de Izquierda Castellana y Comuner@s para concurrir a las elecciones, las demandas destacan que no hayan condenado el terrorismo de ETA.

1. Candidatos // Las demandas de impugnación de la lista consideran fuertemente vinculados a la izquierda abertzale a sus primeros puestos. De Alfonso Sastre dicen que tiene una “larga trayectoria de apoyo a ETA”, y en el caso de Doris Benegas remontan la relación a 1984. De 60 candidatos, han encontrado indicios de vinculación en 23 casos.

2. Avalistas // Abogacía y Fiscalía discrepan al cuantificar los avalistas de la coalición relacionados con la izquierda abertzale. Los Servicios Jurídicos del Estado ven vinculación en 33 de los 59 avalistas, mientras que la Fiscalía reduce la cifra a 20, pero destaca que representa el 33,8 % de la lista, que es única para toda España. El Ministerio Público entiende que eso “no se compadece, desde la lógica política, con el hecho de que se potencie políticamente y de modo casi exclusivo la ideología política independentista de una parte del Estado, el País Vasco”.

3. Apoyos naturales // Las demandas hacen hincapié en que cuando concejales de PP y PSOE retiraron los avales que habían aportado para ayudar a promulgar la lista, la coalición recurrió a seis concejales de ANV de Villabona (Guipúzcoa), lo que supone que recurrieron a sus “apoyos naturales”.

4. Infraestructura escasa // También sostienen que Izquierda Castellana y Comuner@s no tienen, sin ayuda de otra formación, la infraestructura necesaria para acudir a las elecciones europeas.

5. Anecdótica representación // Califican de “marginal y anecdótica” la representación que han tenido ambas formaciones en anteriores comicios, en los que sólo se presentaban por Madrid y las dos Castillas.

6. Silencio ante ETA // Además, destacan que ni la coalición ni sus candidatos han hecho ningún desmarque de ETA, al contrario que otra lista analizada por Fiscalía y Abogacía y que sí concurrirá a las próximas elecciones europeas: Unidá Nacionalista Asturiana desmintió públicamente cualquier vinculación con ETA al calificarla de “delirante”.