El Gobierno va cerrando el círculo. Quiere aprobar cuanto antes, y por ley, el nuevo modelo de financiación de RTVE –sin publicidad– y día a día perfila cifras y porcentajes. Ayer, en una doble reunión presidida por María Teresa Fernández de la Vega –por la mañana, con los operadores privados y por la tarde, con los portavoces en las Cortes de la Comisión Mixta de Control de la Corporación pública–, se conocieron dos datos más: las televisiones comerciales costearán el 10% del gasto anual de RTVE, mientras que las empresas de telecomunicaciones (caso de Telefónica, Vodafone u Orange) asumirán el 24% del gasto. Según los cálculos del Ejecutivo, ese 10% aportado por las televisones privadas se traduce en 120 millones de euros. El 24% de las telecos supone unos 300 millones.

La suma total es de unos 420 millones. Un dinero que procederá de la recaudación de dos nuevos impuestos: las cadenas privadas deberán abonar el 3% de sus ingresos brutos de explotación. Las compañías de telecomunicaciones, algo menos, el 0,9%.

Cuando De la Vega expuso sus planes a las privadas –al encuentro acudieron La Sexta, Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo TV, Net TV y el representante de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca)–, estas se mostraron “completamente satisfechas” con la oferta del Gobierno, explican fuentes del sector. Hubo más objeciones a las “inexistentes” restricciones que impondrá el Ejecutivo a RTVE en compras de contenidos.

La Corporación pública, les repitió la vicepresidenta, no podrá dedicar más del 10% de su presupuesto anual a la adquisición de derechos de emisión de eventos deportivos. Tampoco podrá programar más de 80 películas americanas en prime time. Por último, no le estará permitido asignar a un solo proveedor más del 30% del total de producción externa de TVE. Fuentes del PSOE reconocieron que será necesario “ajustar porcentajes” para sacar la ley adelante.

Más polémica se encontró De la Vega en la reunión con los grupos. El fin de semana había llamado a la presidenta de la Comisión de Control de RTVE, Luisa Fernanda Rudi (PP), para hablar con los portavoces parlamentarios. Rudi trasladó el aviso, pero ayer su partido, insospechadamente, se plantó. “Nos han convocado tarde y no son formas”, razonó a Público Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de los conservadores. “Apoyamos suprimir la publicidad en TVE, pero no vamos a hacernos la foto cuando no ha negociado nada con nosotros. Ella debe ir al Parlamento, no al contrario”. Pons expresó su temor a que se despida “a un 50% de la plantilla” o se suban los impuestos. Preguntado por el modelo que propone el PP, el portavoz replicó que su partido está “dispuesto a estudiar diversas fórmulas”. “Eso ocurre porque Mariano Rajoy no tiene alternativa”, protestó enojado el socialista Óscar López, en declaraciones a este diario. “Su ausencia es intolerable, propia de una fuerza extraparlamentaria. Y cómo ha metido miedo a los trabajadores de RTVE, infumable”.

Al final, a la entrevista con De la Vega acudieron el PSOE, la Entesa Catalana de Progrés, CiU y ERC. El PNV faltó a la reunión por la investidura del nuevo lehendakari. Republicanos y convergentes coincidieron en que la vicepresidenta “informó, no negoció” la ley –de la que aún no hay borrador–, aunque comentó que debería estar lista antes de septiembre. Por su parte, Gaspar Llamazares (IU) alertó de un peligro: que con este modelo, RTVE “pierda liderazgo”. 

1. Subvención del Gobierno // El 45% de la financiación de RTVE procederá de la asignación del Ejecutivo (550 millones).

2. Otras tres tasas // Otro 20% se recaudará con una tasa que ya pagan las privadas, la de ocupación del espacio radioeléctrico (240 millones). El tercio restante se enjugará con el 0,9% que entregarán las ‘telecos’ y el 3% que abonarán las privadas (420 millones).

3. Suplir la publicidad // El Gobierno pondrá otros 100 millones para cubrir el hueco de más de 8.000 horas libres al año que dejará la publicidad. En total, 1.200 millones. “Una financiación estable para una TVE de calidad, mayoritaria, y con más vocación de servicio público”, dice Óscar López.