La Generalitat Valenciana ha cedido a las empresas privadas la prestación de atención a domicilio. A diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas y de cómo debería funcionar este servicio según la Ley de Dependencia, el usuario recibirá el dinero para pagar el servicio y él mismo deberá escoger quién se lo presta. Un total de 40 empresas ya se han apuntado en el registro de la Conselleria de Benestar Social para ofrecer este servicio. Ninguna de ellas ha tenido que someterse a concurso público.
'El objetivo de la Conselleria es buscar el máximo negocio', critica el portavoz socialista de Benestar Social en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, que pedirá en breve la comparecencia del conseller, Juan Cotino, para que explique 'en qué se basa para ofertar esa ayuda, si ya existe en los ayuntamientos'.

Con su decisión, la Generalitat incumple la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007. Según esta norma, sólo 'se incorporará la prestación económica vinculada al servicio de no ser posible la atención' en la red de servicios públicos y concertados.

Ningún dependiente valenciano recibe aún la ayuda de atención a domicilio. En Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Navarra sucede lo mismo: estas ayudas sólo se reciben en los servicios sociales municipales, que las administran a sus usuarios. Y estos no siempre son personas dependientes. La diferencia con el resto de comunidades es que Cotino -cuya familia posee varias residencias en el País Valenciano- ha llevado hasta las últimas consecuencias la autorregulación del mercado.

La calidad de los servicios privatizados no será supervisada, denuncia el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. 'No se puede dar un cheque para que la persona contrate un servicio y que luego este no se controle, porque se trata de un servicio público', critica.La secretaria de Política Social de CCOO en la Comunitat Valenciana, Eva Hernández, también recrimina a la Administración valenciana que no aproveche los servicios sociales municipales para atender a las personas dependientes.

'Ha preferido dar ayudas económicas en lugar de prestar un servicio directo a los ciudadanos', añade Hernández. Como consecuencia, los servicios sociales municipales cada vez tienen menos recursos, lamentan los sindicatos.

Otro temor compartido por los líderes sindicales es que el modelo de privatización 'salga más caro' que la prestación que dan los servicios sociales de los ayuntamientos desde antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia, apunta la secretaria de Políticas de Igualdad de UGT en la Comunitat Valenciana, Rosaura Pérez. El problema se agrava porque la Generalitat aún no ha adaptado a su normativa los requisitos para acreditar a los centros que prestan las ayudas a la dependencia, tal como acordaron las comunidades y el Ministerio en noviembre.