La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tal como adelantó Público, se mostró en contra de que el juez Garzón instruya la querella interpuesta contra seis miembros de la Administración del ex presidente de EEUU George W. Bush, acusados de cometer delitos de tortura y privación del derecho a un juicio imparcial por su participación 'activa y decisiva' en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico que permitió el modelo de prisión de Guantánamo.

El Ministerio Público rechaza la admisión a tramite de esta acción penal, pero pide que sea el juez Ismael Moreno y no Garzón quien proceda a su archivo.

La Fiscalía atribuye así al juez Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, la competencia de esta causa al ser quien instruye la causa sobre los vuelos ilegales de la CIA a esta prisión y no Garzón. En consecuencia, el Ministerio Público entiende que 'procede devolver la querella al Decanato para que en estricto cumplimiento de las normas de reparto acuerde su envío al Juzgado Central de Instrucción número 2, como único órgano judicial competente, al objeto de que proceda a su inadmisión a trámite'.

En su argumentación, considera que 'no es aceptable que el Decanato haya remitido directamente la querella al Juzgado de Instrucción número 5 --que dirige Garzón-- en atención a la incorrecta e insuficiente referencia sobre 'antecedentes' que se menciona en la querella criminal interpuesta, y a una interpretación de los mismos absolutamente alejada de la hermeneútica procesal'.

En cuanto al fondo de la querella, el escrito presentado hoy ante el juez Baltasar Garzón, el fiscal jefe Javier Zaragoza considera que no es posible iniciar 'una causa general' contra la existencia de la cárcel y explica que, en todo caso, la demanda hubiera debido presentarse en contra de un autor directo de torturas que hubiera participado en un caso documentado.

El fiscal defiende la 'necesaria delimitación de hechos concretos y específicos' pues, en otro caso --dice-- 'nos encontraríamos antes una especie de causa general dirigida a investigar toda la política desarrollada, por muy reprobable que ésta sea, por la anterior Administración de EEUU, absolutamente incompatible con los límites, exigencias y fines del proceso penal en un Estado de Derecho'.

Recuerda, además, que la Audiencia Nacional no es competente para instruir la causa ya que la Justicia española es 'subsidiaria' en esta investigación y debe ser la norteamericana la que investigue las posibles irregularidades cometidas en Guantánamo. Por ello la querella debería haberse presentado en primer lugar en Estados Unidos dice el escrito, que añade que 'no existe acreditación alguna de que los querellantes hayan promovido la acción de la justicia ante la jurisdicción preferente y que ésta haya optado por no dar curso a investigación alguna'.

Por otra parte, el Ministerio Público considera que los seis querellados, todos ellos abogados y juristas, no son culpables directos de la comisión de torturas, sino 'simples asesores legales sin responsabilidad de decisión'. 'Es lo cierto que la propia redacción de la querella, la amplitud de su objeto y el hecho de que esté dirigida contra quienes elaboraron informes jurídicos no vinculantes y no contra quienes adoptaron las decisiones ejecutivas autorizando tales prácticas, o contra quienes ejecutaron hechos concretos, plantea importantes problemas desde la perspectiva jurídico-penal', dice el fiscal.

La querella fue presentada a finales de marzo por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España que considera que estas seis personas son responsables de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y 'establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el Centro de Detención de Guantánmo'.

La asociación acusa en concreto del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R.

Gonzáles. Según la denuncia, los hechos se remontan a los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 que provocaron 'que el anterior Gobierno norteamericano diera inicio a lo que en esa administración se entendió como una guerra sin pausa contra el terrorismo'.

El escrito avanza que la Fiscalía elevará consultas al Fiscal General Cándido Conde-Pumpido para establecer criterios jurídicos claros y taxativos que delimiten las condiciones mínimamente exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal. El objetivo es 'fijar la posición de debe adoptar la Fiscalía en todos los procediientos existentes ante los órganos jurisdiccionales de esta Audiencia Nacional por aplicación del principio de Justicia Universal'.

La querella aclara que el citado andamiaje jurídico creado por los querellados permite que los prisioneros sean dejados en Guantánamo ya que 'ese lugar no es territorio norteamericano y por ello queda fuera de la Jurisdicción de los Tribunales Federales de los Estados Unidos'. Los primeros traslados de presos tuvieron lugar a partir del 2002.

'Su visión de la realidad les llevaba a razonar que las personas trasladadas a Guantánamo lo fueron para proteger a los ciudadanos norteamericanos y a sus aliados de aquellos que estaban tratando de asesinarles y que los americanos estaban siendo asesinados en una escala sin precedentes que implicaba un estado de guerra y por ellos, se necesitaban 'otras opciones' incluidas las de 'interrogatorios más agresivos'.

Según los datos de los querellantes, en el campo de prisioneros habrían estado recluidos y sometidos a diversos tipos de torturas, cinco ciudadanos españoles o con residencia en España y al menos 528 de otras nacionalidades.